Si echamos la vista no muy atrás y leemos el informe que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, (FELGTB) presentó a través de su Observatorio Redes Contra el Odio “La Cara Oculta de la Violencia hacia el Colectivo LGTBI” observamos la magnitud y recurrencias de los diferentes tipos de violencias hacia las personas LGTBI. Un documento que no solo habla de cifras (629 incidentes de odio por orientación sexual o identidad de género) sino también de la dificultad de hacer llegar los delitos a los cuerpos y fuerzas de seguridad o a los juzgados y de la complejidad para armonizar la atención a las víctimas y la recogida de información.
Leído con atención, dicho informe se ha convertido en una hoja de ruta que nos muestra muchas de las imperfecciones de nuestro sistema social y de las carencias en las garantías de ciertos derechos constitucionales, por eso, denunciar la invisibilidad de los delitos de odio y las discriminaciones entre las personas más vulnerables del colectivo, extendidos y normalizados en nuestra sociedad, es esencial – sobre todo – en días como el de hoy.
En SOMOS llevamos muchos años trabajando los incidentes de odio y la discriminación LGTBIfóbica así como reclamando la necesidad de mejorar los mecanismos de denuncia de las víctimas de delitos de odio y la puesta en marcha de blindajes legislativos que garanticen una igualdad legal y real al colectivo LGTBI a la vez que prestamos apoyo, asesoramiento y orientación profesionalizada a víctimas, familiares y testigos.
Y resaltamos la profesionalización del servicio que ofrecemos, porque ante incidentes y delitos de odio, no vale la buena voluntad ni las meras intenciones de ayudar, se debe estar capacitada no sólo en el acompañamiento sino también en la prestación de un servicio.
La importancia de los delitos de odio a personas LGTBI no viene dada solamente por lo que viven las víctimas, sino que se atenta directamente contra los principios básicos de la convivencia y son necesarias medidas legales para combatirlas, por ello, nos preocupa la alarmante normalización de los delitos de odio que se están produciendo y la banalización del concepto por parte de muchos sectores políticos retrógrados que buscan precisamente que el concepto se vuelva opaco.
La reglamentación de las leyes aragonesas 4/2018 y 18/2018 y la aprobación de la estatal Ley de Igualdad LGTBI deben hacerse con celeridad porque van a realizar una labor preventiva incuestionable y, además, aportarán herramientas para reducir un problema enquistado en la sociedad: la LGTBIfobia.
