Pin, Pan ¡PUN! frente al Pin Parental. #NoAlPinParental

Un artículo original de ELPAÍS.COM

¿Qué es lo que Vox llama ‘pin parental’?

Una de las medidas estrella del partido de Santiago Abascal es que los padres tengan derecho a vetar actividades complementarias impartidas en horario escolar.

El veto parental que Vox ha llamado pin parental fue una de sus propuestas estrella en la campaña electoral del pasado abril. La medida pretende obligar a la dirección de los centros educativos a informar a las familias de todas las actividades complementarias organizadas dentro del horario lectivo, así como establecer el derecho de los progenitores a dar su consentimiento o no a cada uno de esos talleres con una “autorización expresa”, según el formulario que ha elaborado la formación de Santiago Abascal. Se trata de que la dirección de los centros educativos pida la autorización de los padres para dar a los niños “charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones”. Con esta medida, por ejemplo, los padres podrán vetar la educación sexual, si así lo desean.

La polémica

El debate sobre lo que Vox ha querido acuñar como pin parental resurgió el pasado martes, después de que el partido de Abascal incluyera en su listado de exigencias para apoyar los presupuestos de la Región de Murcia —PP y Ciudadanos necesitan el voto de un diputado de Vox para alcanzar la mayoría absoluta— que se añada este aspecto en la normativa educativa (hasta ahora solo ha sido una instrucción de la consejería a los centros). La ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció este jueves que su ministerio lo recurrirá por vía judicial. Celaá advirtió que este veto parental es contrario al artículo 1 de la actual ley de educación (Lomce) sobre “la formación integral del alumno”, a las propias normas autonómicas y a la ley contra la violencia de género.

El origen del nombre

Las críticas también vienen porque la formación política ha empleado un término que está ampliamente extendido entre los padres como un concepto tecnológico de protección. El pin parental es una clave que ofrecen varias plataformas para bloquear en la televisión o el ordenador determinados contenidos que los padres consideren que no son apropiados para sus hijos, por ser violentos o explícitamente sexuales. Vox ha querido trasladar a la educación el concepto de pin parental, en lugar de hablar de veto, para que se perciba como una protección y no una censura en los contenidos como la educación sexual y afectiva o el medio ambiente.

La raíz del problema

La idea de Vox sobre el pin parental surgió, según miembros de la comunidad educativa, a consecuencia del descontento de algunos colectivos como el Foro de la Familia —una organización civil ultraconservadora— con la participación de asociaciones LGTBI externas a los centros educativos en actividades sobre diversidad afectivo-sexual.

Qué dice el formulario de Vox

El formulario que la formación de Abascal mantiene publicado en su sitio web, con las instrucciones para que los progenitores lo entreguen en los centros educativos de sus hijos, argumenta que ante la “posibilidad” de que los hijos puedan ser “adoctrinados” en “ideología de género”, el padre solicita al centro que informe previamente “a través de una autorización expresa” sobre cualquier actividad “que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad”. Si el centro no cuenta con la autorización de la familia, expone Vox, se solicita que se “exima la asistencia” del alumno a la actividad.

¿Es viable?

Desde el punto de vista normativo, este veto parental sería, en teoría, inviable. Las comunidades autónomas establecen que las actividades complementarias en los colegios e institutos —que, a diferencia de las extraescolares, se desarrollan en horario lectivo— son obligatorias para todos los alumnos y evaluables, por lo que los padres no pueden negarse a que sus hijos reciban este tipo de formación. Por otra parte, todos los talleres complementarios se incluyen en la programación anual de los centros, lo que quiere decir que son públicos y accesibles para los familiares.

Qué ocurre en Murcia

En agosto, la Consejería de Educación emitió una orden a todos los centros educativos, desde infantil hasta bachillerato, en la que se requería ese consentimiento familiar para las actividades complementarias, y que fue duramente criticado por sindicatos, oposición y comunidad educativa, que incluso pusieron en duda su legalidad. Ciudadanos firmó el jueves en la comunidad un acuerdo con el PP (sus socios de Gobierno) y Vox para sacar adelante el presupuesto de 2020 que incluye el pin parental.

SOMOS exige que se cumpla la legislación y se imparta educación en diversidad LGTBI de forma obligatoria

A través de la campaña “Tienen derecho a saber”, SOMOS junto a FELGTB, exige a la Consejería de Educación que recuerde a los centros educativos de la Comunidad la obligatoriedad de ofrecer este tipo de formación

La Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón, ONG activista de igual a igual, junto a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) recuerda a la Consejería de Educación, que, según la legislación actual, los centros educativos de todo el territorio estatal tienen la obligación de ofrecer educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género. Sin embargo, en la actualidad, en Aragón este tipo de formación no se ha implementado como se debería.

La entidad LGTBI recuerda que la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMCE), la Ley de Infancia y Adolescencia de 2015, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz, la Ley Orgánica de Educación e incluso la propia Constitución Española o la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España, además de las leyes aragonesas 4/2018, de 19 de abril, de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación y 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género, establecen la obligatoriedad de que los poderes públicos adopten medidas educativas para combatir la discriminación y la violencia que sufre la infancia y la adolescencia, además de para garantizar el pleno desarrollo de la personalidad y de la formación en valores.

Así, declara que la Consejería de Educación tiene, por tanto, la obligación de garantizar que todo el alumnado, independientemente de la opinión de sus familias, reciba formación en diversidad LGTBI, así como de proteger a los menores de la posible violencia familiar o de la negación de acceso a información motivada por LGTBIfobia. Y es que, tal y como manifiestan, solicitar el consentimiento de las familias para que elijan la educación que recibe o no el alumnado, tal y como está defendiendo la ultraderecha, contraviene el interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico español.

Por este motivo, SOMOS solicita a la Consejería de Educación de Aragón que, tal y como ya ha hecho la Administración de Canarias, recuerde a través de un documento escrito a sus centros educativos la necesidad y la obligatoriedad de implantar este tipo de formación en sus aulas y de ofrecerla a la totalidad del alumnado. Alejandro Sierra, portavoz de SOMOS en materia educativa, asegura que “somos un colectivo que confía plenamente en la labor docente en nuestra región. Nos consta de primera mano su profesionalidad, predisposición y cercanía hacia la diversidad existente en nuestra sociedad, por lo que entendemos que quizá se deba a un tema de desconocimiento legislativo o de falta de recursos”.

Por este motivo, instamos a la Consejería a que trabaje para facilitar a los centros educativos las herramientas necesarias para que puedan ofrecer formaciones en diversidad LGTBI y cumplan así como uno de los principios del sistema educativo tal y como refleja la LOMCE “la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación”.

En este sentido, SOMOS recuerda que “las entidades LGTBI ponemos a disposición de los centros que lo soliciten formación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género de manera gratuita, por lo que ponemos a su disposición este recurso por si pudiera ser de utilidad”.

La demanda se enmarca en la campaña “Tienen derecho a saber”, iniciativa de FELGTB a la que se han sumado entidades de distintas Comunidades Autónomas para exigir de manera simultánea a sus respectivas Consejerías que cumplan con esta obligada responsabilidad. Además, se trata de una campaña que pretende ofrecer una herramienta a la ciudadanía para que reivindique sus derechos en este sentido por lo que invita a la población a sumarse y enviar sus propias cartas con esta demanda a las Administraciones públicas.

Según Sierra, “la intención de esta acción es recordar a los poderes públicos su obligación de cumplir y defender la legislación actual en materia educativa y disipar las dudas que puedan estar surgiendo como consecuencia de las campañas sensacionalistas promovidas por organizaciones y partidos políticos que no comparten los valores constitucionales, por mucho que los usen por bandera para hablar de otros temas”.

El falso pin parental

En este sentido, Juan Diego Ramos, Presidente de SOMOS, recuerda que “la Educación es un derecho de los menores, no un privilegio de las familias que están de acuerdo en que sus menores se formen. Igual que el alumnado tiene derecho a formarse en matemáticas, en inglés o seguridad vial, tiene derecho a formarse en educación afectivo-sexual, familiar y de género”.

Y es que, según el representante de la ONG activista, la aplicación de un “PIN parental” que la ultraderecha está instaurando en algunas autonomías y que algunos grupos afines están promoviendo “abre la puerta a que el sistema educativo reconozca también como válidas otras ideas discriminatorias como el racismo o la misoginia, u otras corrientes de pensamiento que pueden incluso poner en riesgo la salud de los menores, como las creencias contrarias a la vacunación”.

Además, explica que el uso del término PIN parental pretende generar una falsa sensación de protección a las familias. Así, añade que “el PIN parental real protege a la infancia de contenidos inadecuados cuando navega a solas por Internet. Sin embargo, este mal llamado “PIN parental” no es más que un intento de censura que vulnera los derechos de menores y docentes y anima al incumplimiento de las leyes”. “El alumnado no necesita un PIN parental para la escuela puesto que el conjunto de expertos en educación e infancia que conforma la comunidad educativa vela tanto por su bienestar en el entorno escolar, como por la conveniencia de los contenidos que estudian a cada edad”, declara el experto.