El Gobierno de Aragón se suma a la Declaración de Mérida en defensa de los derechos de las personas LGTBI en el mundo

La firma ha tenido lugar este miércoles entre la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y el presidente de la Fundación Triángulo,-impulsora de la declaración-, José María Núñez

A través de ella se refuerza el compromiso del Ejecutivo autonómico con las personas homosexuales, transexuales, bisexuales e intersexuales en materia de cooperación internacional

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón ha dado hoy un nuevo impulso a sus políticas de cooperación internacional y LGTBI gracias a la firma de la Declaración de Mérida. El documento ha sido rubricado por la consejera, María Victoria Broto, y el presidente de la Fundación Triángulo, José María Núñez. Dicha firma ha tenido lugar en el despacho de la consejera ubicado en el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Mediante esta Declaración, el Ejecutivo autonómico se ha comprometido a proteger, defender y promocionar los derechos y las libertades de personas homosexuales, transexuales e intersexuales en el marco de las políticas de cooperación al desarrollo. 

La consejera ha subrayado que “la adhesión a esta declaración vuelve a evidenciar el compromiso firme del Gobierno de Aragón con la defensa de los derechos de las personas LGTBI, un compromiso que ya se materializó con el impulso de dos leyes y con las políticas públicas que se están realizando y que, ahora, se refuerza también a través de la cooperación internacional para el desarrollo, como se establece también en la ley de igualdad LGTBI“. En la misma línea, Broto ha recordado que “el Gobierno de Aragón está sensibilizado con esta realidad, no solo en nuestra Comunidad Autónoma, sino también en la política que llevamos a cabo en el exterior a través de la cooperación internacional, algo muy importante porque aún hoy, en el año 2020, hay lugares del mundo donde las personas LGTBI sufren todo tipo de represión, persecución y violencia; incluso hay países donde se castiga con pena de muerte“. 

El presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, ha destacado que al firmar hoy este compromiso “Aragón deja claro que no solo importan los derechos de nuestros ciudadanos LGBTI, sino los de cualquier otro país o territorio del mundo, y eso hace más grande a esta Comunidad“. Además, ha enfatizado, “desde que se le planteó esta idea al Gobierno de Aragón la respaldaron y asumieron como propia, y en virtud de ello han actuado, lo cual no hace sino alegrarnos, porque la agenda de los derechos humanos no puede olvidar a nadie; supone reconocer la dignidad y el derecho a ser, amar y sentir de lesbianas, gais, bisexuales, intersexuales y transexuales”. 

La Declaración de Mérida tiene su origen en el VI Congreso de Cooperación Internacional y Derechos Humanos LGBT organizado por la Fundación Triángulo en colaboración con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional y realizado en Mérida y Badajoz del 8 al 11 de marzo de 2017. Las personas, instituciones y entidades asistentes al Congreso consensuaron y aprobaron dicha declaración que contiene ocho principios para la defensa y protección del colectivo LGTBI en las políticas de cooperación internacional. Los compromisos que se adquieren con la firma de la declaración son: 

  1. Reconocimiento de los derechos de gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales como derechos humanos y denuncia ante aquellos países que continúan criminalizando a estas poblaciones.
  2. Promoción de políticas públicas que tengan que ver con derechos humanos LGTBI.
  3. Elaboración de informes que sirvan de vehículo para canalizar la denuncia de vulneraciones e instar a los miembros de las Naciones Unidas a cumplir sus obligaciones en materia de Derechos Humanos.
  4. Orientar las herramientas de cooperación internacional para que contemplen el enfoque de género, la orientación sexual y la identidad de género.
  5. Dedicar parte del presupuesto a programas y proyectos que promocionen los derechos humanos LGTBI.
  6. Instar a otros organismos locales, regionales, estatales y supraestatales a adherirse a esta declaración e involucrarse en la defensa activa de los derechos humanos de las personas LGTBI.
  7. Establecer acciones de educación y sensibilización ciudadana en la materia.
  8. Compromiso y defensa de la equidad, la igualdad social y la dignidad humana, pero también con la justicia social, lucha contra la explotación económica, el expolio cultural y la intolerancia religiosa.

Aragón es una de las Comunidades Autónomas más pioneras en legislación LGTBI. En 2018, se promulgaron tanto la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación (Ley Trans) como la Ley de Igualdad y Protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género (Ley de Igualdad LGTBI). Además, se han promovido instrucciones para el correcto abordaje de la transexualidad en el ámbito sanitario y educativo, con formación de profesionales, trabajo en las aulas con los alumnos y alumnas y acciones de sensibilización social. Del mismo modo, se ha promovido el trabajo en materia LGTBI colocándolo como prioridad sectorial en el Plan de la Cooperación aragonesa al Desarrollo 2020-2023, en vigor desde el mes de abril.  

Desde el Gobierno de Aragón consideramos que es fundamental hacer camino al andar, contribuir en la construcción de un Aragón en el que quepan todas las personas y que estas puedan desarrollarse de manera plena y libre. Por ello, continuamos trabajando con la misma convicción, avanzando en pro de sociedades más plurales, diversas e igualitarias, porque la igualdad es nuestro mayor ORGULLO”, manifiesta la directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, Natalia Salvo, quien también adelanta que el Plan Anual de la cooperación 2021 mantendrá la defensa de los derechos de las personas LGTBI como prioridad sectorial y que se impulsará un plan de formación y sensibilización paralelo que ponga en relación a las ONGDs de la cooperación en Aragón con el colectivo LGTBI. Salvo ha estado presente en la firma de la Declaración de Mérida.  

Los orígenes de la Declaración de Mérida

A día de hoy, en 76 países todavía se criminaliza y persigue a las personas LGTBI. En algunos, incluso, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están castigadas con pena de muerte (Arabia Saudí, Mauritania, Sudán, Brunei y Catar, entre otros). Las personas LGTBI ven así gravemente afectados sus derechos a la vida privada, integridad personal, igualdad ante la ley, acceso a la justicia, la educación, la salud y el trabajo, y siguen sufriendo impunes crímenes de odio, tortura, tratos inhumanos o degradantes, agresiones, rechazo social u hostigamiento policial. 

La Fundación Triángulo es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales o transexuales o lo que es lo mismo, que todas las personas tengan el mismo trato independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Su trabajo abarca diversos ámbitos, desde campañas políticas como la de la ley de parejas o la del tratado de la Unión Europea, hasta actos culturales y lúdicos como festivales de cine, teatro o música, e información sobre orientación sexual, identidad de género, expresión de género, infecciones de transmisión sexual, asociacionismo, feminismo o lgbtifobia. 

En 2017, tras varias reuniones mantenidas con la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida, los asistentes al Congreso sobre la situación de la Mujer LBT organizado por la Fundación Triángulo decidieron secundar esta declaración. Desde su aprobación hasta hoy, ha sido respaldada por administraciones de diversa índole y territorialidad a las que se han sumado otras como el propio Gobierno de España y la AECID a nivel estatal; el Gobierno de Andalucía o el de Baleares a nivel autonómico; municipios como Alcobendas, Valencia, Cáceres o Barcelona en el plano local, y Diputaciones como las de Cáceres, Badajoz, Huelva o Valencia, entre otras administraciones municipales. En este momento, hay 31 administraciones que han respaldado la Declaración o han manifestado su compromiso de hacerlo antes de fin de 2020.