Mayores frente a la serofobia, sin armarios, sin estigmas y sin miedos.

1 de diciembre, día mundial de la lucha contra el sida.

ACTIVIDADES PARA EL 1 DE DICIEMBRE

29/11 Colocación del lazo rojo en el balcón de la Diputación Provincial de Zaragoza.

30/11 Inauguración de placa conmemorativa en parque Bruil y entrega de los premios ganadores del concurso del Cartel “Sida 2019” e inauguración de la Exposición con los carteles presentados.

01/12 Punto informativo en la Plaza de España. Espectáculo de teatro y danza, taller de modelado.

La lucha contra el estigma y la discriminación no es tan solo una cuestión de derechos humanos sino que se presenta como una de las herramientas más eficaces para promover la prevención y el diagnóstico precoz. En este sentido, un año más, reivindicamos en el día mundial de la lucha contra el sida mayores avances sociales en la lucha contra la serofobia, el estigma y la discriminación asociadas al VIH porque pese a los avances en los tratamientos médicos que han favorecido mejoras en el estado de salud y en la esperanza y calidad de vida de las personas VIH positivas, estos avances no lo han sido en el ámbito social, laboral o de los derechos humanos.

Implementar campañas que aborden el estigma y la discriminación hacia las personas VIH positivas, que se tengan en cuenta sus necesidades y realidades y, por ende, que también se tengan en cuenta aquellos factores que las hacen más vulnerables ante la sociedad y en su propio puesto de trabajo son reclamos fundamentales que deben ser abordados desde las políticas municipales, regionales y estatales” declara Leticia Ojeda, Portavoz de Salud Sexual y VIH de SOMOS.

Las administraciones públicas deben intervenir adecuadamente y legislar para mejorar esta realidad diseñando políticas e invirtiendo fuerzas y recursos ajustados a la problemática para solucionar una situación que lleva desde el principio de la pandemia enquistada en nuestra sociedad“, reafirma Juan Diego Ramos, Presidente de SOMOS, quien continúa diciendo que “por ello, apostar por acciones que trabajen frente al VIH, el estigma y la discriminación, que eduque y recoja las diferentes herramientas biomédicas para poder incluirlas en las estrategias que faciliten la autonomía y el empoderamiento de las personas y que se adapten a las necesidades y complejidades de las personas, en constante cambio, acompañadas de un nuevo marco legal y político así como una educación sexual integral reglada donde las personas que viven con VIH sean visibles y estén incluidas es esencial para luchar frente a la serofobia”.

El 1 de diciembre es, junto al 17 de mayo y el 28 de junio, uno de los tres días relevantes para la Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón, ONG ativista de igual a igual. Su relevancia, además, adquiere un carácter de lucha y reivindicación y nunca de olvido, menos todavía en un año de Mayores Sin Armarios: ¡Historia, Lucha y Memoria!

Si bien celebramos la aprobación del Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH, el cual tiene como finalidad, entre otras, poner fin a la serofobia,  añoramos que el Gobierno de Aragón lo implemente con la celeridad que requiere y que se escuche a los hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres agrupados en torno a colectivos LGTBI“, declaran desde la organización.

A punto de comenzar un 2020 lleno de retos, SOMOS asegura que seguirá trabajando para alcanzar el objetivo 90/90/90 de ONUSIDA, como hemos venido informando a lo largo del mes de noviembre.

Si no has visto estos documentales, te recomendamos:

Declaración institucional de los Consejos Interterritoriales del SNS y SS y de atención a la dependencia sobre el acceso de las personas con VIH en centros residenciales públicos. #MayoresSinArmarios

Se estima que actualmente viven en España entre 140.000 y 170.000 personas con el VIH. Tanto los avances en los tratamientos como en la atención sanitaria han mejorado la esperanza y la calidad de vida de estas personas. La infección por el VIH se ha convertido, por tanto, en una enfermedad crónica, de forma que quienes conviven con ella han visto aumentada su esperanza de vida y están experimentando los procesos habituales de envejecimiento.

Sin embargo, las personas con el VIH siguen experimentando un trato discriminatorio en ámbitos como el sanitario, el laboral, así como en el acceso a prestaciones, seguros y servicios. En nuestro país es frecuente la exigencia de un certificado médico de no padecer una enfermedad infecto-contagiosa para el acceso a determinados servicios, como los centros residenciales. Ello ha servido para justificar exclusiones que tienen un dudoso encaje en nuestro ordenamiento jurídico.

El artículo 14 de la Constitución Española establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

La exigencia del certificado choca con la evidencia científica disponible respecto al tratamiento y la transmisión del VIH. Esto demuestra que las vías de transmisión requieren un contacto mucho más estrecho, como el sexual o el sanguíneo, y que por tanto no hay riesgo de transmisión de la infección en la vida cotidiana, sin requerir actuaciones diferentes a las ya implantadas medidas de prevención universales.

En este contexto, la lucha contra el estigma y la discriminación de las personas con infección por el VIH es una responsabilidad de cualquier sociedad comprometida con los derechos humanos y un requisito indispensable de las estrategias de control de la epidemia.

Una muestra de ese compromiso es el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH, elaborado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en colaboración con las Comunidades Autónomas y las entidades sociales. El pacto actualiza el cuadro de exclusiones médicas en relación con el empleo público en función de las recomendaciones internacionales y los avances científicos respecto al tratamiento y la transmisión del VIH. Una medida de justicia social que pone fin a una discriminación histórica que venían soportando más de siete millones de personas.

Por todo lo anterior, las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, asumen el compromiso de eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con infección por el VIH, en relación con el acceso a centros residenciales públicos o a plazas concertadas en centros de titularidad privada.

Para ello, se comprometen a adaptar las instrucciones de acceso a dichos centros, con el objetivo de evitar exclusiones discriminatorias hacia las personas con el VIH.

#MayoresSinArmarios ‘Las mujeres que el franquismo no quería’, un artículo de Violeta Assiego para eldiario.es

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Las mujeres que se salían del redil de esa sociedad puritana, pacata y organizada, las rebeldes, eran señaladas y duramente escarmentadas.

El Patronato de Protección de la Mujer fue una institución siniestra cuya labor algún día debería ser juzgada en los tribunales por el trato cruel, humillante y degradante que sufrieron quienes pasaron por sus manos.

Resulta vergonzosa y temeraria la instrumentalización que desde la ultraderecha –y también desde Ciudadanos y el PP– se hace del concepto de ‘adoctrinamiento’. Una instrumentalización que pasa por alto (con más conciencia que ignorancia) que ese fue uno de los métodos de control y dominación que usó el franquismo sobre la población, y de forma especialmente cruel sobre los vencidos, sus familias y… sobre las mujeres.

En un modelo social como el de la dictadura franquista, organizado a partir de la moral católica más ultraconservadora, la mujer era una pieza clave para legitimar modelos de masculinidad y feminidad en los que ella era ‘domesticada’ para ser el ‘ángel del hogar’: ama de casa hacendosa, perfecta esposa y madre abnegada; mientras al hombre se le reservaba el lugar del buen padre de familia, proveedor y trabajador. Franco sabía perfectamente que gran parte de la victoria de su golpe de Estado y de la autoridad que tenía se debía a haberse erigido en guardián y líder de la “civilización occidental cristiana” y salvar a España de la catástrofe a la que estaba abocada con la República (según el bando nacional) y que había supuesto, entre muchas otras cosas, el fin de más de cien años de confesionalidad del Estado.

La dictadura de Franco devolvió el poder terrenal a la Iglesia Católica con sus dogmas de fe. El matrimonio y la familia eran pilares fundantes de un orden social fuera del cual no había nada más que pecado y castigo. De esta forma, las mujeres que se salían del redil de esa sociedad puritana, pacata y organizada, las rebeldes, eran señaladas y duramente escarmentadas por las instituciones encargadas de velar por una moral que tenía más de Santa Inquisición que de cristianismo.

Miles de niñas, adolescentes y mujeres que el Régimen consideraba descarriadas, (mayoritariamente pobres y muy jóvenes) pasaron por las casas y centros del Patronato de Protección de la Mujer, una institución siniestra cuya labor algún día debería ser juzgada en los tribunales por el trato cruel, humillante y degradante que sufrieron quienes pasaron por sus manos, menores y mayores de edad.

Aislamiento, confinamiento, abuso emocional y físico, adoctrinamiento en un sistema de creencias absoluto y maniqueo, explotación laboral, agresiones sexuales, imposición de una autoridad única y extraordinaria, control sobre la vida personal y las relaciones afectivas, intimidación y amenazas, manipulación de la memoria e inducción de falsos recuerdos, dependencia existencial y debilitamiento, denigración del pensamiento crítico, dudosas prácticas médicas y una continua vejación y activación arbitraria y cruel de emociones de miedo, culpa y ansiedad. Todo un sometimiento inhumano e imprescindible para ‘reeducar’ a través de los dogmas del nacionalcatolicismo, dogmas que ahora se atreve a avivar Vox impunemente gracias a que, cuatro décadas después, no se ha hecho un ejercicio de memoria colectiva ni se quiere permitir que se haga.

No debe recaer en las víctimas la responsabilidad de pedir verdad, justicia y reparación. Bastante tienen las víctimas con haber intentado dejar atrás aquel horror. Muchas de ellas tienen mi misma edad o algunos años más. No fue hasta bien entrados los años 80 cuando el Patronato de Protección de la Mujer cerró definitivamente una actividad que se desarrollaba bajo el control de las órdenes religiosas de monjas que asumieron con terrorífica normalidad la misión de salvar las almas de las mujeres que no encajaban: las rebeldes, las madres solteras, las mujeres republicanas, las separadas, las prostitutas que no estaban en los burdeles del Régimen, las chicas embarazadas incestuosamente por sus padres, de las violadas… En definitiva, de las que ellos valoraban como inmorales e indecentes, aunque luego robasen a sus hijos para formar sus propias familias de bien.

El adoctrinamiento metódico del Régimen no dudó en encerrar a las mujeres y en usar la represión y la tortura para debilitarlas física y psicológicamente hasta que confesaran culpas imaginarias y distorsionadas, cambiaran de actitud y/o modificaran sus comportamientos. Puro sadismo que servía para mandar un mensaje aleccionador a la sociedad española de cuáles eran los valores morales, políticos y religiosos correctos y de cuáles eran las consecuencias para quienes se resistieran a asumir esas normas. No hacía falta explicar nada. Esa es la principal diferencia entre adoctrinar y educar: que quienes adoctrinan promueven, justifican e imponen violentamente su intolerancia y su odio con ideas irracionales, inflexibles y supuestamente sagradas, y quienes educan no tienen miedo al debate ni a la diferencia, pues parte del aprendizaje es la comprensión, la empatía y la inteligencia emocional frente a la pluralidad y la diversidad, es el respeto a la vida que no necesita ser salvada por nadie.

Ahora que al dictador se le saca de su templo macabro, hay quienes se atreven a despreciar con el olvido o la tergiversación el dolor de muchas mujeres y hombres que viven en nuestros barrios, pueblos y ciudades. No solo de las hijas e hijos de los que están enterrados con su verdugo o en las cunetas de nuestro país, sino de gente que nació a partir de los años cincuenta, sesenta y setenta y que estuvo en las inclusas y las casas de una beneficencia que adoctrinó y torturó.

Y mientras, ni la derecha ni la Iglesia pide perdón por los crímenes que se cometieron durante el franquismo usando los dogmas de una fe que la mayoría no profesaba por propia voluntad. Y mientras, la familia Franco vuelve a usar el nombre de su dios en vano para esconderse detrás de un prior con ideas preconstitucionales y de un sacerdote que es hijo del único golpista de Estado condenado en España. Este es el legado de Francisco Franco, este y un partido llamado Vox que busca reventar la democracia para poder seguir viviendo como entonces, vivir del cuento facha.