SOMOS exige a las autoridades públicas mayor compromiso en la prevención, detección e intervención de incidentes de odio LGTBIfóbico

  • La profesionalización de los servicios de atención a víctimas debe estar garantizado mediante la capacitación no sólo en el acompañamiento sino también en la prestación del propio servicio.
  • Atentar directamente contra los principios básicos de la convivencia preocupa a la ONG activista, que considera se está banalizando el concepto por parte de muchos sectores políticos retrógrados que buscan precisamente que el concepto se vuelva opaco.

La Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón, ONG activista de igual a igual, lleva más de 10 años trabajando en la prevención, detección e intervención de incidentes de odio y de discriminación LGTBIfóbica así como reclamando la necesidad de mejorar los mecanismos de denuncia de las víctimas de delitos de odio y la puesta en marcha de paquetes legislativos que blinden por ley la garantía de una igualdad legal y real al colectivo LGTBI.

Alejandro Sierra, responsable del Servicio Lambda de SOMOS, de apoyo, asesoramiento y orientación profesionalizada a víctimas, familiares y testigos de incidentes de odio, resalta que “la profesionalización del servicio que ofrecemos” porque “ante incidentes y delitos de odio, no vale la buena voluntad ni las meras intenciones de ayudar, se debe estar capacitada no sólo en el acompañamiento sino también en la prestación de un servicio”.

La importancia de los delitos de odio a personas LGTBI no viene dada solamente por lo que viven las víctimas, sino que se atenta directamente contra los principios básicos de la convivencia y son necesarias medidas legales para combatirlos, por ello, asegura Sierra, “nos preocupa la alarmante normalización de los delitos de odio que se están produciendo y la banalización del concepto por parte de muchos sectores políticos retrógrados que buscan precisamente que el concepto se vuelva opaco”.

Los delitos de odio son aquellas violencias cometidas contra una persona o contra sus propiedades por el hecho de su pertenencia real o percibida a un colectivo o grupo vulnerable, como pueden ser las personas LGTBI. La motivación de estas agresiones es el odio hacia este colectivo y pretende mandar un mensaje a toda esa comunidad: que ni somos iguales al resto, ni tenemos los mismos derechos.

“Se puede sufrir un incidente o delito de odio por LGTBIfobia sin conocer al agresor e incluso sin ser LGTBI. Basta con que el agresor, te asocie por lo que sea con ese colectivo” continúa diciendo el responsable técnico.  

La importancia de la denuncia en la policía o en el juzgado

Desde SOMOS insisten, en el día dedicado a las víctimas de delitos de odio, que lo importante cuando sucede un hecho es que éste se denuncie en comisaría o en el juzgado porque la infradenuncia es elevadísima.

Tras sufrir una agresión o un incidente violento se recomienda llamar desde el lugar de los hechos al 112 (Emergencias), al 091 (Policía Nacional), o al 062 (Guardia Civil) o solicitar los datos a los posibles testigos para facilitarles posteriormente si se decide denunciar desde otro sitio o en una comisaría.

Dicho esto, la ONG activista es consciente de que en muchas ocasiones no siempre se acoge bien a las víctimas por LGTBIfobia a la hora de denunciar, por lo que animan a víctimas y testigos a que antes hablen con SOMOS para que puedan asesorarlas y acompañarlas.

Alberto Barquero, Secretario de Organización de SOMOS, asegura que “el asesinato de Samuel hace pocos días, la violencia cada vez más brutal y visible, la impunidad con la que algunos políticos intolerantes hablan y el envalentonamiento de las personas LGTBIfóbicas han hecho que las personas d ela diversidad sexual y de género estemos ya muy hastiadas de esta situación; no se puede permitir que año tras año las cifras de delitos de odio LGTBIfóbicos suban y suban en datos”.

Más de la mitad de los delitos de odio contra el colectivo no se denuncian

Según datos del informe de delitos de odio de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans de 2019

FELGTB alerta de que el colectivo sigue expuesto a terapias de reconversión, acoso, agresiones, discriminación laboral, riesgo de sinhogarismo, mal trato en la atención médica y discriminación legislativa, entre otros, y sigue sin una legislación estatal que prevenga y proteja frente a estas violencias

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha denunciado este jueves, con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia que más de la mitad (55%) de los delitos de odio que se comenten contra el colectivo LGTBI no se denuncian. Así, lo revela el informe de delitos de odio de 2019 de FELGTB del que también se desprende que de los 756 delitos de odio que llegaron a conocimiento de FELGTB o sus entidades en 2019, solo un 15% se denunció a la policía y solo un 3% se puso en conocimiento de la fiscalía.

Sobre la tipología de los delitos de odio, la coordinadora del año temático de FELGTB, “Feminismos, igualdad y derechos humanos”, Niurka Gibaja, ha informado de que 273 fueron casos de acoso e intimidación; 167 agresiones físicas y 141 agresiones verbales. También hubo 34 despidos o denegaciones de empleo, 16 agresiones sexuales y otras.

Sin embargo, ha alertado de que hay otro tipo de agresiones y violencias que ni siquiera se pueden denunciar porque no están prohibidas por ley, como es el caso de las terapias de reconversión, o que son generadas por la propia ley vigente, como la necesidad de un diagnóstico de trastorno mental para que las personas trans puedan cambiar su documentación, o la obligación de las parejas de mujeres de estar casadas para poder filiar a sus descendientes.

Así, ha puesto de manifiesto que el colectivo sigue expuesto a terapias de reconversión, acoso, agresiones, discriminación laboral, riesgo de sinhogarismo, mal trato en la atención médica y discriminación legislativa, entre otros, y sin embargo, “seguimos sin una legislación estatal que prevenga y proteja frente a estas violencias”, ha reivindicado.

La coordinadora del año temático ha reivindicado que se garantice por ley de manera urgente el derecho de autodeterminación de las personas trans sin tutelas y sin que necesiten que otra persona “acredite” quiénes somos; la prohibición de las supuestas terapias de reconversión; el derecho de filiación de las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja; la educación en diversidad LGTBI obligatoria y transversal para erradicar el bullying y la LGTBIfobia; una regulación extraordinaria de las personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo y que el derecho de autodeterminación sea extensible también para las personas trans sin nacionalidad española; medidas para combatir la LGTBIfobia en el ámbito laboral y la adecuación a las realidades LGTBI de los servicios socio-sanitarios y la formación obligatoria en materia LGTBI para el personal sanitario el funcionariado implicado en la concesión de protección internacional, cuerpos y fuerzas de seguridad, entre otros.

FELGTB, Triángulo y Chysallis presentan propuestas para que las leyes trans y LGTBI garanticen todos los derechos

Una tercera casilla en el DNI para las personas no binarias; que se facilite el cambio registral también para personas migrantes y que se amplíen las medidas recogidas para fomentar la inserción laboral, son algunas de las reivindicaciones en las que los colectivos creen que el borrador “se queda corto”

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, FELGTB, a la cual pertenecemos como entidad de pleno derecho, Fundación Triángulo y Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Trans* presentan algunas de las propuestas de cambio a los borradores publicados la semana pasada por el Ministerio de Igualdad que los colectivos consideran imprescindibles para que las futuras leyes trans y LGTBI garanticen todos los derechos del colectivo.

Como ya anunciaron, las organizaciones consideran los textos presentados por el Gobierno una base sólida y con garantías jurídicas que recoge, además, las dos líneas rojas de los colectivos: el reconocimiento por ley del derecho de autodeterminación y la despatologización de las personas trans. En este sentido, la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, recalca que “es fundamental que, tal y como ya recogen los borradores, la nueva legislación garantice la autodeterminación de género independientemente de la edad de la persona para reparar la deuda histórica que la sociedad y el Estado tienen con el colectivo trans”.

Sin embargo, pese a esta valoración técnica, las entidades entienden que en algunos aspectos los borradores “se quedan cortos” y que “es importante seguir construyendo y buscar consensos entre los partidos y las entidades representantes del colectivo para aprovechar al máximo esta oportunidad histórica de hacer justicia con las personas trans y LGBI y no dejar a nadie atrás”.

Así, las organizaciones reivindican una tercera casilla en el DNI para las personas no binarias; una revisión y ampliación de las medidas dirigidas a fomentar la inserción laboral de las personas trans; la tipificación de las supuestas terapias restaurativas como delitos; que se concreten los detalles relativos a la formación y funcionamiento del Consejo de participación LGTBI y que se apueste por una “igualdad real y efectiva”.

La presidenta de FELGTB, Uge Sangil, explica que “no podemos dejar a las personas no binarias nuevamente al margen de la ley”. “Aunque históricamente se nos haya negado y marginado, existimos, somos una realidad y no entendemos por qué nuestra identidad no puede verse reflejada en nuestros documentos oficiales al igual que se hace con el resto de la población”, reclama.

Por su parte, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, recuerda que “el 77% de las mujeres trans ha sufrido discriminación a la hora de buscar empleo y que, a día de hoy, las personas trans no tienen las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía a la hora de acceder a un puesto de trabajo”. “Por eso, es importante reforzar las medidas legislativas que fomenten el acceso al mercado laboral de estas personas, ya que la independencia económica es también un escudo frente a muchas violencias”, declara.

El derecho de autodeterminación para personas migrantes

Las organizaciones también exigen que, a través de las nuevas leyes, se permita a las personas migrantes que residen en España de manera estable tener la opción de cambiar su género en su documentación, aunque no tengan la nacionalidad española. También exigen que este derecho sea extensible a las personas refugiadas que provienen de países donde no está reconocido el derecho de autodeterminación, tal y como se recoge, por ejemplo, en la legislación irlandesa aprobada ya en 2015.

En este sentido, Sangil denuncia que, actualmente, a estas personas, para ver reconocida su identidad en su documentación oficial, se les pide que recurran a las Administraciones de sus países de origen. “Sin embargo, en primer lugar, no pueden, porque al concederles la condición de persona refugiada han cortado la relación con sus países de origen y, en segundo lugar, en muchos casos huyen precisamente porque en estos países no se les reconoce la identidad y son perseguidas por ello”, defiende la presidenta de FELGTB.

Además, las entidades denuncian que ninguno de los dos borradores aborda el tema de la trata de personas LGTBI pese a que el Informe Global sobre Trata de las Naciones Unidas, recientemente publicado, ha puesto sobre la mesa las vulnerabilidades de las personas LGTBI víctimas de trata.