El derecho al deporte de la infancia trans, en manos de la arbitrariedad de las federaciones deportivas

Así lo denuncian FELGTB, la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI (ADI) y Deporte y Diversidad, con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte (19 de febrero)

“La falta de legislación estatal origina que un menor no pueda competir en su categoría en Castilla y León y sí pueda hacerlo en unos Juegos Olímpicos”, denuncian

SOMOS, a través de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI (ADI) y Deporte y Diversidad denuncian que, actualmente, el derecho de la infancia y adolescencia trans a acceder libremente a la práctica deportiva depende de la voluntad de las federaciones deportivas que deciden arbitrariamente si una persona puede competir o no en la categoría correspondiente a su género. 

Las entidades explican que esta situación “origina escenarios tan absurdos como que un menor no pueda competir en su categoría en Castilla y León y sí pueda hacerlo en unos Juegos Olímpicos”. En este sentido, denuncian que “esto deriva de la falta de regulación estatal que origina que las personas trans tengan más o menos derechos en función de la comunidad autónoma en la que residen”. 

Y es que, tal y como informan las entidades, actualmente, existen varias CCAA que carecen de leyes autonómicas trans o LGTBI que garanticen el derecho de la infancia y la adolescencia trans a acceder a la práctica deportiva en función de su identidad de género. “Sin embargo, también hay otros territorios donde sí existe esta regulación autonómica y son las federaciones deportivas las que la incumplen sistemáticamente, como en el caso de Cataluña donde actualmente se está impidiendo hacer deporte a una niña trans de 7 años”, alerta. 

Por este motivo, FELGTB, ADI y Deporte y Diversidad reclaman la necesidad urgente de una ley estatal LGTBI que equipare los derechos del colectivo en todas las comunidades autónomas y garantice, entre otros aspectos, que las personas trans puedan acceder a las competiciones deportivas viendo reconocida su identidad de género.

Declaración Institucional de Deporte y Diversidad

Estas entidades recuerdan que mañana, 19 de febrero, se celebrará el primer aniversario de la aprobación del Congreso de los Diputados de la Declaración Institucional de Deporte y Diversidad. Entre otros aspectos, el texto recoge varios aspectos en los que según FELGTB, ADI y Deporte y Diversidad “aún queda mucho por avanzar”. Estos son: acabar con cualquier expresión de violencia ya sea física o verbal en los espacios deportivos, especialmente por cuestiones relacionadas con la diversidad sexual y de género; equiparar el reconocimiento público y los premios de las mujeres deportistas respecto a los hombres y garantizar la práctica deportiva de las personas trans e intersexuales de acuerdo a su identidad de género, protegiendo sus derechos y su intimidad, y velando especialmente en el deporte de élite por una reglamentación que asegure las condiciones de igualdad.

En el marco del II Congreso Deporte y Diversidad, celebrado los pasados 14 y 15 de febrero, en Madrid, en este 2020 que FELGTB ha dedicado a visibilizar a las mujeres LTB bajo el lema  “2020, Mujeres LTB: Sororidad y Feminismo“, también han suscrito el documento, la primera mujer trans que compitió en categoría absoluta en un deporte olímpico, Omaira Perdomo (Voley); la campeona de Europa en Parakárate, Cristy Tojo; la mejor árbitra del mundo de rugby sin distinción de género, Alhambra Nievas; la primera árbitra de fútbol de España, Rosa Bonet; la campeona del mundo de boxeo, Joana Pastrana y las periodistas deportivas Olga Viza, Rocío Martínez y Lourdes García-Campos, entre otras personas.  

En el día europeo de la salud sexual, SOMOS y FELGTB denuncian que la salud sexual de las #MujeresLTB están en riesgo por la falta de información y de formación del personal sanitario

SOMOS y FELGTB reivindican la creación de un protocolo sanitario que dé respuestas a las necesidades específicas de las mujeres LTB en materia de salud sexual.

SOMOS avisa, además, que la lentitud con la cual el Gobierno de Aragón está implementando la reglamentación de las leyes aragonesas 8/2018 y 18/2018 y la falta de recursos para las organizaciones LGTBI no están favoreciendo respuestas efectivas. 

SOMOS y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) denuncian que las mujeres lesbianas y bisexuales, trans y cis, sufren mayores niveles de desprotección en relación a su salud sexual debido a la falta de información y de formación del personal sanitario con respecto a su realidad. 

Leticia Ojeda, portavoz de salud sexual de SOMOS recuerda que “las instituciones sanitarias deben dar respuesta a las necesidades de las mujeres LTB en materia de salud sexual atendiendo a nuestras especificidades según nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual y nuestra corporalidad“.

En esta misma línea, Paula Iglesias, vocal de políticas estratégicas de la FELGTB, denuncia que “debemos incidir en la invisibilizacion de nuestra sexualidad y en la dificultad que tenemos para conseguir barreras de latex, preservativos femeninos u otros métodos de prevención de ITS de los que, además, no suele hablarse en las campañas de prevención”.  En este sentido, las organizaciones alertan de que existe una escasa percepción de riesgo en relación a las infecciones de transmisión sexual transmitidas entre mujeres cis. Sin embargo, ciertas ITS, como el virus del papiloma humano (VPH), la vaginosis bacteriana y la tricomoniasis se transmiten en las relaciones sexuales entre mujeres si no se toman las medidas de precaución adecuadas. Además, el contacto sexual entre mujeres también es una posible forma de contraer el VIH.  

En un reciente estudio de FELGTB, casi un 50% de las personas trans retrasa o anula sus citas médicas para evitar la discriminación. De éstas un 20% lo hace por miedo a que se las llame por un nombre que no es el suyo, el 16% para evitar que se las falte al respecto y el 14% por temor a visibilizarse como personas trans en la consulta. Además, según esta investigación, el 50% de las personas trans ha sufrido un trato discriminatorio en alguna ocasión al acudir a los servicios sanitarios, incluido un 16% que asegura sufrirlo siempre, o casi siempre.

Por estos motivos, declara Juan Diego Ramos, Presidente de SOMOS, “debemos seguir denunciando la lentitud con la cual se está trabajando en la reglamentación de las leyes aragonesas trans y LGTBI, la falta de presupuesto de las mismas, la asfixia financiera a la que están sometiendo a las entidades LGTBI, sobre todo a aquellas que prestamos servicios, a la par que se nos está cargando con cada vez más trabajo, inasumible para las organizaciones en muchas ocasiones“.

ILGA Europa insta a los estados a adoptar leyes que protejan a las personas LGTBI ante el auge generalizado de los discursos de odio en la esfera pública

La 10ª edición de su informe anual, que analiza la situación del colectivo en los 49 países europeos, identifica “un fuerte aumento de los discursos de odio en toda la región, a menudo llevados a cabo por figuras públicas”

Alemania, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza ya han adoptado medidas para hacer frente a la incitación al odio o fortalecer la legislación existente

La entidad internacional referente en materia de derechos LGTBI, ILGA-Europa, de la que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) forma parte, ha instado este martes a los estados a adoptar leyes que protejan a las personas LGTBI ante el auge generalizado de los discursos de odio que la ONG ha identificado tras el análisis de la situación de la realidad del colectivo en los 49 países europeos y los cinco países del Asia central.

Así, la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, ha asegurado que “los gobiernos todavía tienen mucho que hacer. Es necesario actuar y adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y den a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores. Deben dar ejemplo adoptando un discurso que promueva el respeto y la inclusión social”.

Y es que, la 10ª edición de un informe que recoge las conclusiones de este análisis, revela que, actualmente, existe en Europa “un fuerte aumento de los discursos de odio en toda la región, a menudo llevados a cabo por figuras públicas”.

La investigación revela el auge de los discursos de odio por parte de dirigentes políticos y religiosos en Albania, Andorra, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Kosovo, Portugal, la República Checa y Turquía. En la mayoría de estos países, este discurso LGTBIfóbico se difunde con total impunidad.

Además, alerta de que, en muchos de los países analizados, y no sólo en los que se ha documentado un aumento de los discursos LGTBIfóbicos en la esfera pública, se ha producido un incremento igualmente significativo de la incitación al odio contra el colectivo a través de las redes sociales y de las agresiones físicas contra personas LGBTI.

Según ILGA-Europa, Alemania, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza ya han adoptado medidas para hacer frente a la incitación al odio o han fortalecido la legislación existente. Sin embargo, dado el contexto actual y las repercusiones que estas actuaciones LGTBIfóbicas tienen para la sociedad en general, asegura que “es sorprendente que un mayor número de gobiernos no estén adoptando de manera proactiva medidas como la aprobación de legislaciones eficaces, planes de acción y formación de las autoridades públicas”. Además, denuncia que “en los países en los que existe legislación, no hay suficiente compromiso político para garantizar la aplicación efectiva y la dotación de recursos”.

Así, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, recuerda la importancia de que España apruebe una Ley Estatal LGTBI para blindar los derechos de las personas LGTBI de todo el territorio y no quedarse atrás con respecto a otros países en materia de avances sociales. En este sentido, la presidenta denuncia que “en España, aún hay cinco Comunidades Autónomas donde las personas LGTBI están totalmente desprotegidas pues que no existe ningún tipo de legislación que garantice sus derechos”. “Además, tal y como alerta ILGA-Europa, en aquellos territorios donde sí existe legislación autonómica, como puede ser Murcia, ésta está siendo incumplida por la LGTBIfobia institucionalizada de la ultraderecha”.

En este sentido, la presidenta recuerda que, en 2019, España dejó de estar por primera vez entre los 10 países europeos más respetuosos con los derechos del colectivo LGTBI. Este descenso, según apuntó ILGA-Europa en el informe en el que realizó la comparativa entre países se debió precisamente a la falta de legislación estatal.

“Y es que, pese a las recomendaciones de Europa, en España, algunos aspectos fundamentales como la prohibición de las terapias de reconversión, la creación de políticas para el fomento del empleo de las personas trans o el establecimiento de medidas para erradicar la discriminación contra el colectivo en los ámbitos sanitarios o educativos sólo están aprobados en determinadas autonomías”, alerta Sangil.

Preocupación del Parlamento Europeo 

Asimismo, ILGA-Europa recuerda en su informe que, el pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre “Discriminación pública y expresiones de odio contra las personas LGBTI, incluidas “zonas sin LGBTI. En dicha resolución se expresa “una profunda preocupación por el creciente número de ataques contra la comunidad LGBTI por parte del Estado, los funcionarios estatales, los gobiernos a nivel nacional, regional y local y los políticos de la Unión Europea (UE)”. 

La resolución reconoce que estos ataques han generado un aumento de la violencia contra las personas LGTBI y que los delitos de odio por LGTBIfobia van en aumento en toda la Unión Europea, mientras que las respuestas de las autoridades siguen siendo con demasiada frecuencia inadecuadas. Así, reitera un llamamiento a la Comisión para que adopte una estrategia de la Unión Europea en materia de derechos LGBTI.