#MayoresSinArmarios Científicas lideran un estudio de siete años sobre la vejez en los portadores de #VIH

Un artículo de ELDIARIO.ES

Tres científicas, una de ellas española, lideran un nuevo estudio sobre el envejecimiento de los portadores del virus del sida (VIH) en Estados Unidos, con el fin de ayudar a reducir la ya estrecha diferencia entre la expectativa de vida de ellos y la del resto de la población.

“El objetivo es aprender más sobre qué es lo que ocurre con las personas con VIH a medida que envejecen”, manifestó a Efe la española María Alcaide, experta en enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina Miller de la Universidad de Miami.

Uno de los principales objetivos es conocer las razones de que a los portadores se les presentan a edades más tempranas que a otras personas una serie de enfermedades no infecciosas.

Fotografía cedida a EFE por la Escuela de Medicina Miller de la Universidad de Miami que muestra, desde la izquierda, a las doctoras Marie Alcaide, Margaret Fischl y Deborah Weiss. 

Hace más de 30 años, cuando la epidemia de sida estalló, la esperanza de vida después del diagnóstico de una persona enferma era de uno o dos años nada más, algo que ha cambiado radicalmente con el aumento de la efectividad de los medicamentos antirretrovirales.

Por esa razón el número de infectados de 55 años o más es cada vez mayor en Estados Unidos y otros países donde hay acceso a esos tratamientos.

“Ahora mismo los medicamentos hacen que el virus esté bien controlado y las personas vivan bastante tiempo”, manifestó la investigadora, de origen madrileño.

La expectativa de vida “cada vez está más cercana” a la de las personas no portadoras del VIH, siempre y cuando el virus se diagnostique pronto y se comience el tratamiento lo antes posible, explicó.

Sin embargo, señaló que lo que hasta ahora se sabe es que a las personas con el VIH “les aparecen antes las enfermedades no infecciosas como las cardiovasculares, las metabólicas (como diabetes e hipertensión) y diferentes tipos de cáncer”.

Esas “comorbilidades” aparecen antes que en personas sin el VIH y el propósito del estudio será ahondar en estas problemáticas.

Alcaide y sus colegas Margaret Fischl y Deborah Jones Weiss realizarán la investigación durante los próximos siete años con una subvención de 14 millones de dólares de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Las tres investigadoras harán seguimiento a cerca de 8.000 contagiados, hombres y mujeres.

Alcaide indicó que la primera causa de muerte entre los portadores del virus son las enfermedades cardiovasculares, al parecer por una “combinación” del VIH y factores sociales, como el hecho de fumar, que es “bastante frecuente” entre estos pacientes.

Se estima que en Estados Unidos había 1,1 millones de personas con VIH a fines de 2016, el año más reciente del que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. divulgan información y en el que murieron 15.807 personas por este padecimiento.

Según los CDC, un 26 % de los infectados por el VIH en EE.UU. en 2013, diagnosticados o no, tenía 55 años o más.

La experta en VIH dijo que hay muchos estudios para el control y prevención de nuevos infectados con el virus, pero que hace falta conocer más sobre los portadores.

“Con este tipo de estudios nos podemos enfocar sobre todo en las personas que ya están infectadas y cómo van a vivir el resto de la vida y especialmente mientras van envejeciendo”, precisó.

Para Alcaide, una de las principales cosas que van a aprender es si las “guías del manejo” de estas enfermedades no infecciosas tienen que ser diferentes a las de la población en general.

“Es posible que tengan que ser diferentes, es posible que deba ser antes o manejar de diferentes formas para conseguir que las personas con el virus tengan la misma esperanza de vida y vivan sanas”, enfatizó.

El estudio se realiza en el sur de Florida, donde la diversidad demográfica representa además una ventaja para este tipo de investigaciones.

Alcaide dijo que la investigación se basará en la “combinación” del seguimiento que han hecho varios centros universitarios en los últimos veinte años a 4.000 hombres y unas 3.500 mujeres, portadores de sida en todo el país, al que agregarán representantes de minorías del sur de Florida.

Precisó que la diversidad que se va a agregar, “mujeres, hombres de minorías afroamericanos e hispanos, y hombres que tienen sexo con hombres”, hace posible “aprender más sobre cómo afecta el virus”.

“El mayor número de infecciones nuevas ocurren en minorías, el sur de Florida es una de las regiones en donde hay mayor incidencia de casos nuevos de VIH del país”, resaltó

Según los CDC, 38.739 personas recibieron un diagnóstico de VIH en 2017 en el país, el 43 % eran afroamericanos, el 26 %, latinos, y el 26 %, blancos.

El 66 % de los diagnosticados eran hombres que mantenían relaciones sexuales con otros hombres y el 6 % personas que usaban jeringas para inyectarse drogas.

Alcaide recalcó que la UM tiene una “gran historial” en investigaciones de VIH desde los primeros casos y tratamientos, como también en el manejo de salud mental de estos pacientes.

Un año de la “recuperación de la sanidad universal”: las organizaciones documentan 1.358 casos de exclusión #StopExclusionSanitaria

Un artículo de Gabriela Sánchez para ELDIARIO.ES

ONG especializadas han detectado 1.358 casos de exclusión sanitaria desde la aplicación del Real Decreto con el que Pedro Sánchez pretendía recuperar la universalidad de la sanidad

Entre ellos se incluyen embarazadas, menores, casos de urgencias y enfermos graves con cáncer, problemas cardiovasculares, diabetes o VIH

Una sentencia del Tribunal Supremo respaldó al Gobierno en la exclusión sanitaria de los inmigrantes reagrupados por sus hijos españoles 

El 31 de julio de 2018 la sanidad pública volvía a ser universal. La entonces ministra de Sanidad anunciaba días antes la aprobación del Real Decreto 7/2018 que acabaría con años de la exclusión sanitaria ligada a la reforma del Partido Popular. “Una sociedad justa no deja a nadie atrás. Hoy se recupera la universalidad en el derecho a la salud”, defendía Carmen Montón en rueda de prensa. Un año después, las organizaciones especializadas han documentado 1.358 casos de falta de acceso a la asistencia normalizada, entre los que se incluyen embarazadas, menores, episodios de urgencias y enfermos con cáncer, problemas cardiovasculares o VIH.

Los casos documentados por este medio y los datos recopilados por ONG apuntan a que la normativa de Pedro Sánchez sí está dejando a gente atrás. Aunque el Real Decreto devolvió el derecho a la sanidad pública a las personas en situación irregular residentes en España, la redacción del texto deja una serie de grietas por donde, en la práctica, surgen distintas trabas administrativas al acceso a la asistencia gratuita.

Desde el 31 de julio de 2018, la Plataforma REDER (que aglutina a más de 300 organizaciones en defensa de la Sanidad Universal, como Médicos del Mundo), Amnistía Internacional y el colectivo Yo Sí Sanidad Universal han tenido que apoyar a 1.358 ciudadanos que veían impedido su acceso al Sistema Nacional de Salud.

Entre ellos se encuentran 55 mujeres embarazadas, 116 menores de edad, 44 solicitantes de asilo y 85 facturaciones en urgencias, según ha informado Médicos del Mundo a eldiario.es. La organización destaca algunas de las dolencias que “no han sido debidamente atendidas” ante determinadas trabas de acceso a la sanidad universal que aún persisten: 23 casos de cáncer, 22 pacientes con enfermedades cardiovasculares, 24 episodios de diabetes, 21 personas con hipertensión, 12 ciudadanos VIH o 14 con problemas de salud mental grave, especifican los datos recogidos por la Plataforma REDER.

Excluidos por llevar menos de 90 días en España

Mientras las ONG culpan al Gobierno por la “ambigüedad” de la normativa, desde Sanidad responsabilizan a las comunidades autónomas de “la mayoría” de los casos de exclusión sanitaria detectados en el último año. “Son incumplimientos de las comunidades autónomas”, defienden fuentes oficiales del Ministerio. Las organizaciones apuntan como mayor obstáculo la imposición del requisito de demostrar una estancia en el país superior a 90 días.

El Real Decreto de Pedro Sánchez contempla estos casos: aunque en principio las personas sin papeles no tienen derecho al sistema de salud hasta cumplir los tres meses en España, pueden ser atendidos antes de cumplir los 90 días de estancia mediante la presentación de un informe social que acredite la necesidad de ser asistidos. No obstante, en la aplicación de la normativa por parte de las comunidades autónomas decenas de ciudadanos están siendo excluidos, incluso embarazadas, menores y urgencias.

En junio, Sanidad emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las comunidades autónomas en la expedición del documento que acredita a personas extranjeras sin papeles para recibir asistencia sanitaria, pero no aborda la situación de los pacientes con menos de tres meses de residencia en España. Según explican fuentes del Ministerio a eldiario.es, un grupo de trabajo “está trabajando” en la creación de una nueva batería de indicaciones centradas en estos casos que serán aprobadas “próximamente”.

“La naturaleza del Real Decreto es que, siempre que no haya un tercero que le cubra, esté cubierto por la administración. Si llevan menos de 90 días, accederán a ella a través de un informe social que evidencie que no cuentan con un tercero que cubra de sus asistencia y determine su falta de recursos también queda cubierto”, argumentan desde Sanidad.

Precisamente, otra de las excepciones que está marginando a más personas de la asistencia pública hace referencia a la exigencia impuesta a algunas personas extranjeras de acreditar una cobertura obligatoria sanitaria por otra vía, como por ejemplo, el requisito establecido por la Ley de Extranjería de contar con un seguro médico privado para obtener el permiso de residencia por reagrupación familiar.

El caso de los reagrupados tras la sentencia del Supremo

En este sentido, el Ejecutivo de Sánchez no ha respondido a la exclusión sanitaria de los inmigrantes con residencia regular a través de la reagrupación familiar tramitada por sus hijos de nacionalidad española. Desde el 31 de julio de 2019, las ONG han detectado 35 casos de padres y madres extranjeros sin asistencia sanitaria normalizada. El Gobierno, apelando a la Ley de Extranjería, exige a estos ciudadanos, generalmente de avanzada edad, contratar un seguro médico privado para obtener la residencia por esta vía.

Sin embargo, no siempre sus pólizas acaban cubriendo el tratamiento de enfermedades graves surgidas una vez asentados en España o estos no pueden permitirse el pago de la medicación, con lo que el riesgo aumenta. eldiario.es ha documentado casos de enfermos con cáncer a los que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), dependiente del Ministerio de Trabajo, ha denegado la tarjeta sanitaria hasta que la justicia acababa por reconocer su derecho al acceso al Sistema Nacional de Salud.

El pasado mes de junio, sin embargo, el Tribunal Supremo respaldó el criterio del Gobierno en la denegación de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes reagrupados por sus hijos en España, oponiéndose a lo concluido por al menos 80 sentencias de otros juzgados españoles que sí les reconocían este derecho. En este sentido la Sala de los Social concluyó tras un recurso interpuesto por el INSS que los padres y madres de ciudadanos españoles deben contar con prestación sanitaria por otra vía, es decir, un seguro privado.

Ante la publicación de casos de enfermos sin asistencia sanitaria con enfermedades muy graves, fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron a este medio que “el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) está buscando la manera para conceder la sanidad a estas personas, pero de momento aplica la Ley”. No obstante, una de las legislaciones mencionadas a la hora de denegar el acceso sanitario a los reagrupados, tanto por las resoluciones del INSS como por el Supremo, es el Real Decreto aprobado por el PSOE.

“En la última sentencia conocida tras el fallo del Supremo, el juez menciona la ley del PSOE como argumento principal para denegar el derecho a la atención sanitaria: ‘tras la modificación operada por el RD Ley 7/2018, la actora no tiene derecho a la asistencia sanitaria’, denuncian desde Yo Sí Sanidad Universal.

Cinco meses después de estas declaraciones, eldiario.es ha preguntado de nuevo al departamento liderado por Magdalena Valerio sobre posibles medidas del Gobierno para garantizar la asistencia a este colectivo en casos vulnerables, pero por el momento no ha recibido respuesta. Desde Sanidad recuerdan que existe “una sentencia” que avala este requisito, pero no detallan si el Ejecutivo trabaja en una respuesta para casos de enfermos graves reagrupados que no puedan costearse un tratamiento.