Un año de la “recuperación de la sanidad universal”: las organizaciones documentan 1.358 casos de exclusión #StopExclusionSanitaria

Un artículo de Gabriela Sánchez para ELDIARIO.ES

ONG especializadas han detectado 1.358 casos de exclusión sanitaria desde la aplicación del Real Decreto con el que Pedro Sánchez pretendía recuperar la universalidad de la sanidad

Entre ellos se incluyen embarazadas, menores, casos de urgencias y enfermos graves con cáncer, problemas cardiovasculares, diabetes o VIH

Una sentencia del Tribunal Supremo respaldó al Gobierno en la exclusión sanitaria de los inmigrantes reagrupados por sus hijos españoles 

El 31 de julio de 2018 la sanidad pública volvía a ser universal. La entonces ministra de Sanidad anunciaba días antes la aprobación del Real Decreto 7/2018 que acabaría con años de la exclusión sanitaria ligada a la reforma del Partido Popular. “Una sociedad justa no deja a nadie atrás. Hoy se recupera la universalidad en el derecho a la salud”, defendía Carmen Montón en rueda de prensa. Un año después, las organizaciones especializadas han documentado 1.358 casos de falta de acceso a la asistencia normalizada, entre los que se incluyen embarazadas, menores, episodios de urgencias y enfermos con cáncer, problemas cardiovasculares o VIH.

Los casos documentados por este medio y los datos recopilados por ONG apuntan a que la normativa de Pedro Sánchez sí está dejando a gente atrás. Aunque el Real Decreto devolvió el derecho a la sanidad pública a las personas en situación irregular residentes en España, la redacción del texto deja una serie de grietas por donde, en la práctica, surgen distintas trabas administrativas al acceso a la asistencia gratuita.

Desde el 31 de julio de 2018, la Plataforma REDER (que aglutina a más de 300 organizaciones en defensa de la Sanidad Universal, como Médicos del Mundo), Amnistía Internacional y el colectivo Yo Sí Sanidad Universal han tenido que apoyar a 1.358 ciudadanos que veían impedido su acceso al Sistema Nacional de Salud.

Entre ellos se encuentran 55 mujeres embarazadas, 116 menores de edad, 44 solicitantes de asilo y 85 facturaciones en urgencias, según ha informado Médicos del Mundo a eldiario.es. La organización destaca algunas de las dolencias que “no han sido debidamente atendidas” ante determinadas trabas de acceso a la sanidad universal que aún persisten: 23 casos de cáncer, 22 pacientes con enfermedades cardiovasculares, 24 episodios de diabetes, 21 personas con hipertensión, 12 ciudadanos VIH o 14 con problemas de salud mental grave, especifican los datos recogidos por la Plataforma REDER.

Excluidos por llevar menos de 90 días en España

Mientras las ONG culpan al Gobierno por la “ambigüedad” de la normativa, desde Sanidad responsabilizan a las comunidades autónomas de “la mayoría” de los casos de exclusión sanitaria detectados en el último año. “Son incumplimientos de las comunidades autónomas”, defienden fuentes oficiales del Ministerio. Las organizaciones apuntan como mayor obstáculo la imposición del requisito de demostrar una estancia en el país superior a 90 días.

El Real Decreto de Pedro Sánchez contempla estos casos: aunque en principio las personas sin papeles no tienen derecho al sistema de salud hasta cumplir los tres meses en España, pueden ser atendidos antes de cumplir los 90 días de estancia mediante la presentación de un informe social que acredite la necesidad de ser asistidos. No obstante, en la aplicación de la normativa por parte de las comunidades autónomas decenas de ciudadanos están siendo excluidos, incluso embarazadas, menores y urgencias.

En junio, Sanidad emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las comunidades autónomas en la expedición del documento que acredita a personas extranjeras sin papeles para recibir asistencia sanitaria, pero no aborda la situación de los pacientes con menos de tres meses de residencia en España. Según explican fuentes del Ministerio a eldiario.es, un grupo de trabajo “está trabajando” en la creación de una nueva batería de indicaciones centradas en estos casos que serán aprobadas “próximamente”.

“La naturaleza del Real Decreto es que, siempre que no haya un tercero que le cubra, esté cubierto por la administración. Si llevan menos de 90 días, accederán a ella a través de un informe social que evidencie que no cuentan con un tercero que cubra de sus asistencia y determine su falta de recursos también queda cubierto”, argumentan desde Sanidad.

Precisamente, otra de las excepciones que está marginando a más personas de la asistencia pública hace referencia a la exigencia impuesta a algunas personas extranjeras de acreditar una cobertura obligatoria sanitaria por otra vía, como por ejemplo, el requisito establecido por la Ley de Extranjería de contar con un seguro médico privado para obtener el permiso de residencia por reagrupación familiar.

El caso de los reagrupados tras la sentencia del Supremo

En este sentido, el Ejecutivo de Sánchez no ha respondido a la exclusión sanitaria de los inmigrantes con residencia regular a través de la reagrupación familiar tramitada por sus hijos de nacionalidad española. Desde el 31 de julio de 2019, las ONG han detectado 35 casos de padres y madres extranjeros sin asistencia sanitaria normalizada. El Gobierno, apelando a la Ley de Extranjería, exige a estos ciudadanos, generalmente de avanzada edad, contratar un seguro médico privado para obtener la residencia por esta vía.

Sin embargo, no siempre sus pólizas acaban cubriendo el tratamiento de enfermedades graves surgidas una vez asentados en España o estos no pueden permitirse el pago de la medicación, con lo que el riesgo aumenta. eldiario.es ha documentado casos de enfermos con cáncer a los que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), dependiente del Ministerio de Trabajo, ha denegado la tarjeta sanitaria hasta que la justicia acababa por reconocer su derecho al acceso al Sistema Nacional de Salud.

El pasado mes de junio, sin embargo, el Tribunal Supremo respaldó el criterio del Gobierno en la denegación de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes reagrupados por sus hijos en España, oponiéndose a lo concluido por al menos 80 sentencias de otros juzgados españoles que sí les reconocían este derecho. En este sentido la Sala de los Social concluyó tras un recurso interpuesto por el INSS que los padres y madres de ciudadanos españoles deben contar con prestación sanitaria por otra vía, es decir, un seguro privado.

Ante la publicación de casos de enfermos sin asistencia sanitaria con enfermedades muy graves, fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron a este medio que “el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) está buscando la manera para conceder la sanidad a estas personas, pero de momento aplica la Ley”. No obstante, una de las legislaciones mencionadas a la hora de denegar el acceso sanitario a los reagrupados, tanto por las resoluciones del INSS como por el Supremo, es el Real Decreto aprobado por el PSOE.

“En la última sentencia conocida tras el fallo del Supremo, el juez menciona la ley del PSOE como argumento principal para denegar el derecho a la atención sanitaria: ‘tras la modificación operada por el RD Ley 7/2018, la actora no tiene derecho a la asistencia sanitaria’, denuncian desde Yo Sí Sanidad Universal.

Cinco meses después de estas declaraciones, eldiario.es ha preguntado de nuevo al departamento liderado por Magdalena Valerio sobre posibles medidas del Gobierno para garantizar la asistencia a este colectivo en casos vulnerables, pero por el momento no ha recibido respuesta. Desde Sanidad recuerdan que existe “una sentencia” que avala este requisito, pero no detallan si el Ejecutivo trabaja en una respuesta para casos de enfermos graves reagrupados que no puedan costearse un tratamiento.

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La hepatitis B es una infección causada por el virus de la hepatitis B (VHB). Muchas de las personas que tienen hepatitis B crónica la contrajeron al nacer o durante su primera infancia; lo cual aumenta sus probabilidades de que la infección se convierta en una enfermedad crónica. Con el tiempo, la hepatitis B crónica puede causar problemas graves de salud, que incluyen cáncer de hígado e insuficiencia hepática. En todo el mundo, mueren cerca de 900.000 personas cada año, principalmente por las complicaciones de la cirrosis y el cáncer de hígado causados por las infecciones por el VHB.

La hepatitis B es una amenaza de salud pública significativa. El VHB es común en el África subsahariana, Asia y las islas del Pacífico, pero las tasas han aumentado en la región del Amazonas en América del Sur, las zonas del sur de Europa central y oriental, el Oriente Medio y el subcontinente indio.

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¿Quiénes son y dónde están los pobres del mundo?

Un artículo original de Alejandra Agudo para EL PAÍS

La ONU advierte que la desigualdad así como las discriminaciones que sufren mujeres, minorías étnicas, el colectivo LGTBI y la población rural impedirán que se logren los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030

Unos pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Ocurre entre los países, también dentro de ellos e incluso en las comunidades y los hogares. Hay quienes disponen de menos oportunidades que otros para acceder a una educación de calidad o servicios sanitarios. Algunos sufren discriminación e incluso persecución por a quién aman, el color de su piel, etnia, religión o dónde residen. Todos ellos son ejemplos de la desigualdad instalada, en mayor o menor grado, en todo el mundo. Y amenaza con impedir los progresos necesarios para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030. Es la advertencia que ha lanzado la ONU durante la celebración del Foro Político de Alto Nivel en Nueva York, un evento anual en el que se evalúan los avances en esta agenda internacional.

“La desigualdad hace que los pobres y marginados tengan menos oportunidades de salir de la pobreza”, aseguró durante el debate de evaluación Máximo Torero Cullen, subdirector general del departamento de desarrollo económico y social de la FAO. En su opinión, no se podrá erradicar el hambre ni tampoco la pobreza si no se toman medidas para abordar el ODS 10 —reducir la desigualdad en y entre los países— cuya primera meta llama a “lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional”.

Los datos que se disponen en este sentido son “limitados”, dice el informe de seguimiento de los ODS, pues solo se cuenta con datos comparables para el período 2011-2016 de 92 países, de ellos apenas 13 son de África subsahariana. Con la información disponible, la ONU calcula que en 69 países, el 40% más pobre ha visto un aumento de sus ingresos, pero con grandes variaciones entre territorios. En 50 de esos 69, los ingresos de ese segmento de la población crecieron con mayor rapidez que el promedio nacional. “Sin embargo, cabe destacar que el 40% más pobre recibió aún menos del 25% del ingreso total”, escriben los autores. 

Las desigualdades que no tienen que ver (solo) con el dinero

En busca de estadísticas más detalladas y útiles para el propósito de reducir la pobreza “sin dejar a nadie atrás”, como proclama la agenda de desarrollo sostenible, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI, por sus siglas en inglés) elaboran anualmente el Índice Global de Pobreza Multidimensional. En la edición de 2019, publicada recientemente, se recuerda que hay 1.300 millones de personas multidimensionalmente pobres en los 101 países de renta baja y media que analiza el estudio, es decir, que sufren varias carencias de un listado de 10 relacionadas con salud, educación y calidad de vida. Son casi el doble de los 736 millones de los considerados pobres extremos, que viven con menos de 1,90 dólares al día.

“Para combatir la pobreza necesitamos saber dónde viven las personas pobres. No están distribuidas uniformemente en cada país, ni siquiera dentro de los hogares. Bajo un mismo techo pueden convivir dos hermanos, uno que esté desnutrido y otro que no”, explicó Achim Steiner, administrador del PNUD durante el lanzamiento del estudio. “El Índice global de pobreza multidimensional de 2019 ofrece la información detallada que necesitan los responsables políticos para tomar medidas mejor dirigidas y más efectivas”, agregó. Los países que lo han hecho, “han conseguido notables progresos”, anotó. El que más, India: en una década (2006-2016), 271 millones de personas salieron de la pobreza.

“Hay países que no crecen económicamente, pero reducen la pobreza multidimensional porque usan mejor sus presupuestos en tanto que conocen mejor dónde están los pobres, en qué grado lo son y dónde están”, detalló Sabina Alkire, directora de la OPHI. Así lo podría hacer Uganda, donde ahora se sabe que la pobreza afecta especialmente a las zonas rurales. En el país, el 55% de los ciudadanos sufren carencias graves. Sin embargo, en la capital, Kampala, este porcentaje es del 6%, mientras que en la región de Karamoja la proporción de población afectada se dispara al 96%, lo que la convierte en una de las más pobres de África subsahariana.

Entre grupos de personas, además de la población rural, las mujeres y los niños son los más vulnerables a la pobreza, según el Índice de Pobreza Multidimensional. La mitad de quienes sufren carencias como falta de acceso a agua potable, educación, malnutrición o una vivienda digna son menores de 18 años. Sobre todo, en África subsahariana, donde el 63,5% de sus pequeños son pobres. En países como Burkina Faso, Chad, Etiopía, Níger y Sudán del Sur, es todavía peor: lo son un 90% de los niños de menos de 10 años.

Pese a la peor situación de los países menos adelantados, la mayoría en África, los de renta media no están exentos de este problema. De hecho, dos tercios de los pobres (886 millones) viven en ellos, según este índice.

“Casi toda la discusión se centra en el crecimiento económico. Pero el crecimiento económico no resolverá el problema de la desigualdad”, apuntó Justice Edwin Cameron, miembro de la Corte Constitucional de Sudáfrica, en su intervención en el hemiciclo de la ONU en Nueva York. “Hay muchas discriminaciones y una de ellas es la criminalización. Como un hombre gay orgulloso en una Sudáfrica homofóbica predemocrática, vi y experimenté el miedo a que te puedan detener, arrestar y condenar que puede sentir una persona gay”, expuso. “69 países representados aquí en la ONU todavía criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, la mayoría en mi continente: África”, enfatizó arrancando el aplauso de los presentes. 

El juez subrayó que la persecución de la homosexualidad, la prostitución y el consumo de drogas significa en la práctica una mayor vulnerabilidad. “Pensemos en el VIH. La criminalización solo hace que esas personas no tengan acceso a tratamiento”.

Otro de esos grupos estigmatizados son los trabajadores informales, según Martha Chen, profesora de políticas públicas en la Harvard Kennedy School y asesora principal de la Red Global de Mujeres en Empleo Informal (WIEGO, por sus siglas en inglés). Ellos representan el 61% de los trabajadores en el mundo. “Un total de 2.000 millones. Y más del 90% vive en países pobres”, apuntó la experta. De hecho, según las estadísticas publicadas por la Organización Internacional del Trabajo, “la mayoría son pobres y la mayoría son de minorías étnicas. Y hay más mujeres que hombres”.

“Esto tiene vínculos con la desigualdad. Los trabajadores informales sufren carencias en cuanto a trabajo digno, derechos, protección y vías para expresarse, y por tanto, respecto a su calidad de vida decente, acceso a vivienda, servicios sociales…”, continuó Chen. “Los trabajadores informales son estigmatizados, penalizados e incluso criminalizados por intentar ganarse la vida de manera honesta y los economistas les culpan de falta de productividad. Si todos los días tienen que mover su trabajo a casa, claro que van a producir menos”.

Es el caso, dijo, de los vendedores ambulantes y los recicladores de basura en las urbes. “Son acosados por los Estados, sufren confiscaciones, arrestos…”. Por el contrario, la experta solicitó que se apoye a los primeros con facilidades para trabajar en “espacios públicos centrales y seguros”, y con “espacios de almacenamientos” para los segundos. “Tenemos que acogerlos en vez de estigmatizarlos y penalizarlos. El entorno político y jurídico tiene que priorizar a los empleados en la base de la pirámide. Se habla mucho de que hay que crear empleos, pero a veces se toman decisiones en las ciudades que, literalmente, destruyen decenas de miles de ellos, de vendedores ambulantes y recolectores de residuos”, terminó.

En las tres horas de debate hubo tiempo para hablar, además, de otros colectivos que sufren especialmente la discriminación. Entre ellos, las personas mayores. “Hay que cambiar la narrativa: no somos una carga ni un problema. Contribuimos al tejido social y económico de las naciones”, argumentó Jane Barratt, secretaria general de la Federación Internacional sobre el Envejecimiento. “Todas las personas, independientemente de su edad, tienen derecho a que sus temores, su talento o su pericia no se excluyan”, añadió.

Pero hay una mitad de la humanidad que, pertenezca o no a los grupos anteriores, sabe bien lo que es la discriminación: las mujeres. Lo dicen los informes y lo recordó en su discurso Nalini Singh, directora ejecutiva del Movimiento por los Derechos Humanos de las Mujeres de Fiyi. “Como mujer del sur global sé lo que es la desigualdad. Las mujeres ganan menos que los hombres, se requerirán 202 años para cerrar esa brecha y 107 años para alcanzar la paridad en el ámbito político. Si no se abordan las causas reales de la desigualdad, no se podrán lograr los ODS y la gente empezará a protestar. Nosotras lo haremos con una huelga el próximo día internacional de la mujer porque si nosotras dejamos de trabajar, el mundo deja de trabajar”. Los aplausos y los vítores fueron sonoros. 

Mirar hacia arriba y otras recetas contra la desigualdad

La desigualdad no solo es un problema de pobres, sino también de ricos. La concentración de ingresos y patrimonio contribuye a aumentar la brecha entre unos y otros. Así lo destacó un grupo de organizaciones de la sociedad civil citadas a un debate paralelo al oficial sobre desigualdad durante el Foro Político de Alto Nivel para el seguimiento de los ODS. “Se olvidan de que también hay que tomar medidas para la redistribución de la riqueza, que las rentas más altas aporten más, que se luche contra la evasión de impuestos y los paraísos fiscales”, argumentó Marco Gordillo, representante de Futuro en común, una plataforma española de entidades aliadas para impulsar la agenda de desarrollo sostenible en España.

No solo contra la desigualdad, sino en los esfuerzos en lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, “toda la atención está puesta en acelerar lo que estamos haciendo, pero no hay nada sobre lo que hay que dejar de hacer”, lamentó Barbara Adams, directora ejecutiva de Global Policy Forum. Se refería a las cuestiones en las que las naciones ricas tienen mayor responsabilidad, como el cambio climático o la exportación de armas. Coincidió con ella el pensador uruguayo Roberto Bissio, secretario internacional de Social Watch. “En los exámenes nacionales de seguimiento de los ODS, los países no hablan oficialmente de la desigualdad, ni tampoco de los impactos extraterritoriales de sus acciones, no solo lo que tiene que ver con el clima, sino también los paraísos fiscales, la exportación de armas… No creo que nadie hable de su exportación de armas en sus informes”, zanjó.

ESPAÑA ES EL CUARTO PAÍS MÁS DESIGUAL DE EUROPA

Lo dice uno de esos informes que las organizaciones de la sociedad civil presentan aprovechando las grandes ocasiones en la ONU: España es el cuarto país más desigualdad de Europa. “La pregunta es por qué”, plantea Marco Gordillo, representante de Futuro en común, alianza de más de 50 entidades españolas para impulsar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país.

Los datos del estudio ‘Cayendo por las grietas: exponiendo las desigualdades en Europa y más allá‘, elaborado por SDG Watch Europe con apoyo de entidades de cada país, dan las pistas. La tasa de riesgo de pobreza y exclusión es del 26,8%. “Es una cifra muy similar a la situación anterior a la crisis económica, lo demuestra que este es un problema estructural en España”, anota Gordillo en una entrevista en Nueva York durante la celebración del Foro Político de Alto Nivel para evaluar el progreso de los ODS, entre ellos, el número 10 que llama a reducir la desigualdad. 

En cuanto a las mujeres, el documento señala que cobran de media un 12,7% menos que los hombres. “Y la violencia de género no está bajo control”, recuerda Gordillo. También la infancia es un grupo especialmente afectado por la desigualdad. Los autores subrayan que un 18,3% de los niños abandonan la escuela antes de tiempo, sobre todos aquellos que pertenecen a familias en situación de necesidad.

Más allá de los números, los autores del capítulo español —Futuro en común, Ecodes y Movimiento por la paz— destacan que la llamada Ley Mordaza de 2015 “amenaza la libertad de expresión e información”. En solo 18 meses, se impusieron 25.000 multas, anotan. Además, denuncian la situación de las personas migrantes, refugiados y víctimas del tráfico de seres humanos. “Son vistas como inmigrantes irregulares”. “Los derechos de estas personas son violados antes y después de su llegada a España”, agregan.

Con su informe, las organizaciones buscan arrojar un poco de luz y encender las conciencias para que los responsables políticos tomen medidas, sobre todo, “para robustecer el sistema de protección social”, explica Gordillo. Eso pasa, dice, por asegurar sanidad universal, educación de calidad para todos y una vivienda digna. 

“Creo que la gente no tiene conciencia de qué es la pobreza y la desigualdad”, reflexiona Gordillo. “Somos sociedades de clase media y pensamos que vivimos en contextos razonablemente justos e igualitarios”, razona. “Si hiciéramos un medidor de indignación respecto a la desigualdad, creo que se quedaría en blanco o amarillo. Y la indignación es un termómetro de los cambios sociales”, opina.