En el año 2015 España asumió el compromiso de acoger, en el plazo de dos años, a más de 17.000 personas además de las más de 6.000 que ya habían llegado y eran potenciales solicitantes de asilo. Sin embargo, a día de hoy y como señala la Sentencia núm. 1168/2018 del Tribunal Supremo, “España ha incumplido sus obligaciones de ofertar plazas y de hacer efectivas las reubicaciones a las que estaba obligada: transcurrido más de medio año del vencimiento del término, el informe de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) reconoce que el balance actual de cumplimiento de las obligaciones finales es inferior al 13%”.
Al final del informe aparecen unas recomendaciones propuestas, entre las que se encuentran garantizar el principio de la calidad en las entrevistas, dejar sin efecto el acuerdo con Marruecos que permite la devolución de personas a este país, mejorar las condiciones de estancia en el aeropuerto de Madrid Barajas o crear un protocolo de detección de situaciones de vulnerabilidad para el tratamiento adecuado y diferenciado de estos casos desde el inicio.
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