Mientras el anuncio de Gallardón pone en cuestión la ley de plazos, el Constitucional debe aún pronunciarse
Ha sido rápido. El Gobierno ya ha anunciado su intención de legislar sobre el aborto sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley que aprobó el Gobierno socialista en 2010 y sugiere un modelo como el que estableció el Gobierno de González en 1985, basado en tres supuestos de despenalización (violación, malformación y riesgo para la mujer), en vez de la ley de plazos que promovió Rodríguez Zapatero y que implica que la mujer ya no tiene que dar una justificación para interrumpir su embarazo hasta la 14ª semana de gestación.
Hasta la fecha conocemos que el número de abortos se ha mantenido estable tras la última reforma por lo que el PP discute, sobre todo, que se defina el aborto como un derecho de la mujer, como hizo la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, declaró ayer la reforma de la ley y dejó claro que toma como referencia la sentencia del Constitucional de 1985, y no la que tiene pendiente el tribunal tras un recurso, precisamente, del PP. Gallardón, como el resto de sus compañer*s de Gobierno, sólo fue concreto en algo (que ya es mucho pedir, quizás hoy lo desmienta la todopoderosa Vicepresidenta): se eliminará la posibilidad de que las menores con 16 y 17 años decidan un aborto sin permiso de sus padres o tutores. Y fue inconcreto en el otro: la ley se inspirará en la “defensa del derecho a la vida” tal y como la definió el Constitucional en 1985. ¿Qué significa exactamente la “defensa del derecho a la vida”? Eso es algo que el PP se cuida muy mucho de precisar.
Antes y después de ocupar sus cargos, en los últimos meses Rajoy, Santamaría y los nuevos ministros se ciñen a lo que dice el programa electoral del PP: que la reforma se hará “para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. Ningún representante del PP se atreve a ir más allá. Salvo la portavoz adjunta del Grupo Popular en la Comisión de Justicia del Congreso, Beatriz Escudero, que este miércoles dijo a Efe: “Volvemos a lo que había antes, a la ley del 85”. Palabras que rectificó poco después, indicando que la reforma será “parcial” pero “importante” y se inspirará en la doctrina del Constitucional. ¡¡¡Ayyyy esas contradicciones y desmentidos!!!
El propio Rajoy había declarado en noviembre ELPAIS (fuente de la cual hemos extraído esta noticia), al ser preguntado sobre la ley: “No voy a derogarla y cambiarla toda. Pero creo que hay dos o tres cosas que hay que cambiar”.
Gallardón no fue concreto, pero sí lo fue en noviembre de 2010 cuando era alcalde de Madrid. “El problema de la nueva ley es que en lugar de resolver conflictos entre derechos suprime los derechos del concebido hasta que alcance 14 semanas desde su gestación. Y yo soy de los que creen que esa doctrina es contraria a la del Constitucional”, dijo entonces al periódico.
En su defensa de la reforma, para la que no fijó plazos, el titular de Justicia se agarró a que la norma actual fue aprobada “sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos”. Se refería a la fuerte división que impidió al Consejo General del Poder Judicial emitir su dictamen y al informe adverso del Consejo Fiscal, que consideró inconstitucional fijar el aborto como un derecho. El tercer informe solicitado fue favorable a la ley por unanimidad, el del Consejo de Estado.