«Si no hubieras estado allí, no te habría pasado nada, esto te servirá para quedarte en casa la próxima vez».
Los sucesos acontecidos durante el pasado 25 de septiembre durante la convocatoria de «rodear el Congreso de los Diputados» en Madrid y las cargas policiales producidas en la Estación de Atocha son un claro ejemplo de la intención del Gobierno de Mariano Rajoy de tratar a toda costa y por cualquier medio toda expresión de protesta en contra de los continuos recortes antisociales aplicados.
Las detenciones sin justificación, las identificaciones aleatorias y la criminalización de los manifestaciones es la mejor receta que el Gobierno español está encontrando para tratar de cohibir la intención de participar en las concentraciones.
Dichos abusos policiales se puede comparar con el de otras ciudades europeas donde las autoridades políticas dan rienda suelta al uso excesivo de las fuerzas de seguridad para imponer sus planes de austeridad a base de golpes.
Desde la ONG Amnistía Internacional (AI) han puesto de manifiesto en su último informe publicado varios ejemplos concretos de abuso de autoridad entre los que se destacan las actuaciones policiales en España, Grecia y Rumania durante manifestaciones contra los recortes.
Amnistía Internacional hace hincapié en que aunque el uso excesivo de la fuerza haya sido denunciado, no se han investigado ni castigado porque la identificación de los agentes fue imposible. Además, consideran que los agentes hacen un uso inadecuado del material antidisturbios, «los gobiernos deben dejar de recurrir a la fuerza si no es estrictamente necesaria y llevar las investigaciones de los abusos policiales hasta el final», declara Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de AI en España.
Desde la organización consideran imprescindible la elaboración de un correcto protocolo que regule las actuaciones de los antidisturbios ante este tipo de eventos y que los policiales sigan una formación en la que se les instruya respetando a los derechos humanos.
Virginia Álvarez, responsable de política interior de AI, muestra verdadera preocupación por el intento de limitar el derecho de manifestación.
«Hemos solicitado información al Ministerio de Interior sobre los disturbios en la Plaza de Catalunya de Barcelona el 29 de marzo y el 25 de septiembre en Madrid y hemos recibido la callada por respuesta. En el caso del 25-S enviamos una carta al ministro Fernández Díaz y exigimos una investigación independiente de la actuación de la Policía el 25-S y los policías de paisano en los alrededores del Congreso, así como de los acontecimientos en la estación de Atocha, donde además de las agresiones a viajeros y a un periodista se puso en peligro la vida de las personas que estaban en los andenes», informa Álvarez.
Gabriel Jiménez, detenido el 25-S, narró que tras su arresto se le fue negada la atención sanitaria en reiteradas ocasiones a pesar de tener una importante brecha en la cabeza, denuncia, además, que la Policía manipulara su mochila introduciéndole tres piedras y presentar un parte de lesiones de un agente al que supuestamente había herido.
El joven puso de manifiesto que durante el trayecto desde la comisaría de Moratalaz hasta el hospital Gregorio Marañón para que le atendiesen la herida, los agentes le insistieron en la idea de que «si no hubieras estado allí, no te habría pasado nada, esto te servirá para quedarte en casa la próxima vez».
Si la Policía está para protegernos, ¿quién nos protege a nosotros de la Policía?, esta pregunta es la que plantea Paloma Aznar. Esta periodista lleva años documentando los heridos por impacto de balas de goma en las actuaciones policiales. Aznar explica que las presiones hacia los medios y ,en especial, a los profesionales de la información que cubren estos actos cada vez son mayores. Como ejemplo puso la agresión que ella misma sufrió durante las concentraciones en contra de la visita del Papa a Madrid en agosto de 2011.
«Cuando vi a dos agentes golpear a una chica me acerqué con la cámara porque pensé que así pararían y al final también me pegaron a mi», al presentar la denuncia le comentaron que sería inútil y finalmente su causa quedó archivada.
Según la periodista, el impacto de balas de goma de los antidisturbios en la última década está dejando bastante huellas importantes, Aznar ha llegado a hacer un balance de hasta 50 heridos graves en los últimos diez años, 23 han perdido un ojo y tres ellos fallecieron. «El casco se está empezando a convertir en una herramienta más de trabajo para los periodistas pero no estamos en Homs, estamos en Madrid», se queja.
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