El Gobierno autonómico adeuda a los centros acreditados en el territorio más de 800.000 euros
Las mujeres que quieran interrumpir su embarazo antes de la semana 14 tendrán que pagar
Las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo en Aragón han anunciado hoy que suspenden su colaboración con el Servicio de Salud de esa comunidad autónoma y dejan de realizar esta prestación para la sanidad pública al acumular impagos por valor de más de 800.000 euros, sin que el Gobierno aragonés les haya ofrecido «una salida viable» ni haya presupuestado ninguna partida en sus cuentas para 2012 para hacer frente a la deuda.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) explica que, «en estos momentos, las deudas que diversos Gobiernos autónomos tienen contraídas con las clínicas están asfixiando económicamente a los centros, abocándolos al cierre, lo que supondría dejar sin el recurso de aborto a más de 100.000 mujeres en nuestro país».
Representantes de estos centros se reunieron la semana pasada con el Ministerio de Sanidad. Según las clínicas, la directora general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Sagrario Pérez Castellanos, no quiso tratar el asunto al considerar que «no era el momento» ya que, según sus palabras, todo estaba funcionando con normalidad. Al término del encuentro, las clínicas aseguraron también que Sanidad no descarta sacar el aborto de la cartera de servicios básicos.
Las clínicas recuerdan que, tras la aprobación de la ley del aborto que ahora quiere reformar el PP, los centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo han pasado a ser «de hecho» centros «públicos» a través de acuerdos o conciertos con las diversas Administraciones del Estado. En el caso de Aragón, unas 2.000 mujeres abortan anualmente en este territorio. «Sin que la Administración haya sido capaz en un año y nueve meses de articular un plan de pago», dice ACAI, el pasado 15 de marzo las clínicas Actur y Almozara, los dos centros acreditados para practicar abortos en la comunidad desde hace 15 años, informaron al Gobierno aragonés de la suspensión parcial de los acuerdos con este.
Vencido el plazo de 30 días para que la Administración resolviera, los centros retrasaron su decisión para procurar «una salida negociada», explica ACAI. «Dado que no ha habido desde entonces ningún cambio en la situación», las clínicas consideran «insostenible para los centros mantener la gratuidad de la prestación, ya que se verían abocados a un cierre inevitable», por lo que, «salvo que la Administración ofrezca una solución que los centros consideren posible y viable, las mujeres que interrumpan su gestación antes de la semana 14 por voluntad propia deberán abonar el precio de la prestación a partir del 3 de mayo».
ACAI señala que se informará a las mujeres de su derecho a la gratuidad de la prestación, facilitándoles toda la documentación para reclamar el pago de la intervención al Gobierno aragonés. No obstante, precisan que seguirán atendiendo con cargo al Servicio Aragonés de Salud, «si este lo acepta», todas las interrupciones que respondan al supuesto de patología fetal.
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