Asociación SOMOS LGTB+

Dos sentencias del Tribunal Supremo han desestimado la oposición de partidos políticos, grupos ultracatólicos y algunos juzgados a que las banderas arcoíris ondeen en edificios públicos cada 28 de junio. Estas resoluciones ponen fin a años de decisiones que marginaban la insignia LGTBI en su día de reivindicación, estableciendo que no es un símbolo partidista ni fomenta la confrontación, sino que representa la igualdad.

El Supremo ha evidenciado que tanto partidos políticos como algunos jueces y tribunales territoriales han bloqueado la colocación de estas banderas en edificios públicos durante el Orgullo basándose en un argumento erróneo. La sala tercera resolvió el asunto al analizar dos casos de 2020: una bandera en el Ayuntamiento de Zaragoza y otra en la Diputación de Valladolid, ambas demandadas por la asociación Abogados Cristianos. Este grupo, conocido por su postura ultracatólica, ha liderado una cruzada contra la visibilización del colectivo LGTBI, no solo en fachadas de edificios públicos, sino también en libros de texto o medios de comunicación.

Abogados Cristianos suele recurrir a la vía contenciosa, aunque en ocasiones ha llegado a amenazar a responsables políticos con llevarlos a juicio. Además, otros colectivos ultraconservadores, como HazteOir, han secundado estas iniciativas, recogiendo firmas en 2019 para exigir al Ayuntamiento de Madrid que no colgara lo que consideraban una insignia “sectaria”. Su argumento ha sido siempre el mismo: la bandera LGTBI no es un símbolo neutro y, por lo tanto, no debería estar en instituciones públicas.

Hoy, 1 de diciembre de 2024, nos unimos en conmemoración del Día Mundial del Sida. Este es un momento para recordar, reflexionar y, sobre todo, actuar. Este año, queremos destacar los desafíos y las necesidades urgentes de las personas que viven con VIH, especialmente las jóvenes y las realidades vulnerables, mujeres, personas LGTBI+, trabajadores y trabajadoras sexuales, personas usuarias de drogas y personas privadas de libertad.
Es hora de actuar, los últimos datos del informe de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Sanidad de España revelan preocupantes cifras sobre la transmisión del VIH. Las relaciones sexuales sin protección siguen siendo la principal vía de transmisión, afectando de manera significativa a la población joven. Es esencial intensificar los programas de educación sexual y prevención dirigidos a las personas jóvenes, en los que se brinde información, asesoramiento y herramientas para el cuidado de la salud sexual y reproductiva, como el preservativo y otras medidas preventivas. Además, es crucial garantizar el acceso ágil y efectivo a la terapia preexposición (PrEP) y post- exposición (PEP) en todo el estado. Estas terapias son herramientas fundamentales para prevenir nuevas infecciones y deben estar disponibles para todas las personas que las necesiten sin barreras ni demoras. ¡No más diagnósticos tardíos! El diagnóstico tardío en nuestro país es de 48,7% y sigue mostrando cifras desastrosas. Tenemos las herramientas para frenar estas preocupantes cifras, por lo que el trabajo comunitario de entidades, administraciones y personal sanitario es primordial para alcanzar los objetivos establecidos de ONUSIDA, del 95% – 95% – 95% y cero estigma. Necesitamos el compromiso, esfuerzo y recursos de las administraciones.

¡Derecho a la atención médica por igual! El acceso equitativo a la atención médica es un derecho fundamental y el acceso universal ha de ser una prioridad política. Sin embargo, muchas personas que viven con VIH enfrentan barreras significativas para acceder a los tratamientos necesarios. Esto incluye a personas en contextos de adicciones, trabajadoras sexuales, quienes son particularmente vulnerables. Necesitamos políticas inclusivas que aseguren que todas las personas, independientemente de su situación, puedan recibir la atención pública que merecen. Esto es especialmente relevante en la situación que enfrentan las personas que viven con VIH privadas de libertad con una prevalencia del VIH en prisiones españolas del 3,8%, enfrentándose a una sanidad penitenciaria deficitaria, no transferida y en situación irregular. ¡Acceso a cribados y terapias vitales! El acceso a la terapia antirretroviral es vital para controlar el VIH y prevenir la transmisión comunitaria. Además, las personas con VIH tienen el derecho a recibir tratamiento integral para otras condiciones de salud, incluyendo nuevas terapias para el tratamiento del cáncer.

Es inaceptable que existan desigualdades en el acceso a estas terapias. Exigimos un sistema de salud que garantice cribados, diagnóstico temprano, tratamientos eficaces y accesibles para todas. ¡Atención a las personas Migrantes! Las personas migrantes representan en nuestro país el 49,8% de los nuevos diagnósticos según los datos reflejados en el último informe del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. En este sentido, tenemos que ser conscientes que enfrentan desafíos adicionales, como las barreras idiomáticas, la falta de información y el temor a la expulsión, la pérdida de empleo o que su diagnóstico y tratamiento dificulten sus procesos de regulación o estancia en nuestro país. Es crucial proporcionar servicios de salud inclusivos y culturalmente competentes, asegurando que las personas migrantes reciban el apoyo necesario sin miedo a represalias. Además tener en cuenta el desafío que enfrentan las mujeres migrantes que representan el 61,6% de los diagnósticos en mujeres de nuestro país.

¡Derechos para personas mayores con VIH! Las personas que vivimos con VIH y estamos envejeciendo enfrentamos una dura realidad marcada por el paso de los años. A medida que envejecemos, sumamos experiencias de estigma, soledad no deseada y una serie de comorbilidades que requieren una atención médica especializada. Reivindicamos nuestro derecho a una actualización de los criterios de valoración, tanto del grado de dependencia, como del grado de discapacidad, que no son nada realista y presentan sesgos considerables sobre las diferentes realidades sociales. También al derecho a una jubilación anticipada y justa, que cuente con un tratamiento integral y de calidad para nuestras comorbilidades. Necesitamos una atención sanitaria que no solo sea efectiva, sino también cálida y humana, que reconozca y aborde nuestras necesidades específicas. Es crucial que la sociedad y las políticas públicas se adapten a las realidad sociosanitarias que vivimos las personas con VIH para garantizar que podamos envejecer con dignidad, cero estigma y calidad de vida. Esto incluye el acceso a seguros que todavía hoy perpetúan discriminación.

¡Una llamada a la acción! Hoy, hacemos un llamado a los gobiernos locales, autonómicos, gobierno central y ministerios, organizaciones y sociedad en general para que redoblen sus esfuerzos en la respuesta al VIH. Necesitamos políticas públicas que fomenten la educación, la prevención, el acompañamiento integral a personas con VIH y el acceso a tratamientos de calidad. Debemos erradicar el estigma y la discriminación que aún persisten en nuestra sociedad en torno al VIH. Por eso, debemos implementar con los mayores esfuerzos humanos y económicos disponibles todas las medidas recogidas en el Pacto de Estado por la no discriminación e igualdad de trato asociado al VIH, porque una sociedad sin estigma, puede ser posible.

¡Construyamos un mundo mejor! Juntos y con una ruta a seguir, podemos construir un futuro donde todas las personas que viven con VIH puedan disfrutar de una vida plena y saludable, con igualdad de derechos y oportunidades. Nos comprometemos a seguir trabajando hasta que el sida sea una enfermedad del pasado.

¡Por todas las personas que han fallecido! ¡Por todas las personas que vivimos con VIH, queremos alzar la voz para decir: ¡las vidas de las personas que viven con VIH, IMPORTAN!