El pasado 28 de febrero, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos tomó la decisión de no incluir el cabotegravir inyectable de acción prolongada (Apretude®) como profilaxis preexposición (PrEP) frente al VIH dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Esta medida, que afecta directamente a las personas más vulnerables frente al virus, supone un serio retroceso en la respuesta de España ante la epidemia del VIH y contradice las recomendaciones tanto nacionales como internacionales que instan a ampliar el acceso a herramientas preventivas eficaces y adaptadas a todas las realidades.
Cabotegravir inyectable es actualmente la única alternativa de PrEP que no requiere una toma diaria, sino una inyección cada dos meses. Esta característica lo convierte en una opción especialmente valiosa para aquellas personas que, por motivos sociales, clínicos o estructurales, no pueden adherirse al régimen oral diario. Su eficacia en la prevención del VIH ha sido ampliamente demostrada, incluso entre grupos con dificultades de acceso a los servicios sanitarios. Por todo ello, la decisión ha sido recibida con preocupación por parte de organizaciones de salud, colectivos comunitarios y profesionales implicados en la respuesta frente al VIH, que la consideran un revés importante en un momento clave.
La medida también pone en entredicho la capacidad de España para alcanzar los objetivos 95-95-95 establecidos por ONUSIDA de cara a 2030. Alcanzar estos objetivos, que buscan reducir significativamente la transmisión del VIH y mejorar la calidad de vida de las personas con el virus, requiere una combinación eficaz de intervenciones biomédicas, educativas y estructurales. Limitar el acceso a una herramienta innovadora como la PrEP inyectable dificulta esa estrategia integral y refuerza las barreras que siguen enfrentando los colectivos más expuestos.
Desde el Ministerio de Sanidad se ha justificado la decisión por motivos de racionalización del gasto público y por la existencia de alternativas más económicas, como la PrEP oral o el uso del preservativo. Sin embargo, muchos expertos advierten que estas alternativas no son adecuadas para todas las personas y que, a largo plazo, una inversión en prevención se traduce en un ahorro sustancial para el sistema sanitario al evitar nuevas infecciones y la necesidad de tratamientos crónicos. Como explica el Dr. Jorge García, especialista en VIH del Hospital Vall d’Hebron, “la PrEP inyectable podría beneficiar especialmente a quienes no pueden seguir una pauta oral diaria por su situación de vulnerabilidad”.
Los principales afectados por esta exclusión son personas en situación de especial riesgo, como trabajadores sexuales, personas sin hogar o migrantes en situación administrativa irregular. Para estos colectivos, una inyección bimensual no solo facilita la adhesión al tratamiento preventivo, sino que también reduce el estigma asociado al uso de la PrEP oral, que a menudo es confundida con medicación para tratar el VIH. Raúl, un trabajador sexual venezolano que vive en España sin regularizar su situación, lo expresa claramente: “No siempre podemos acceder a los servicios de salud y muchas veces nos exponemos sin quererlo. Con la PrEP inyectable teníamos la esperanza de protegernos de forma duradera sin depender de una pastilla diaria”.
La decisión del Gobierno también resulta contradictoria con las propias estrategias nacionales de respuesta al VIH, que abogan por intervenciones combinadas y el acceso equitativo a la innovación en salud. Desde el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH), su coordinador José Fley recuerda que esta solicitud de financiación había contado con un respaldo unánime de todas las partes implicadas. “No se pedía PrEP inyectable para todo el mundo, sino para quienes no tienen otra opción. Eso limita mucho el coste de la intervención, por lo que sorprende que se alegue impacto presupuestario como razón para denegarla”.
A pesar del desánimo que ha provocado esta decisión, las entidades comunitarias y los profesionales sanitarios siguen explorando vías alternativas para garantizar el acceso a la PrEP inyectable, aunque sea mediante programas de financiación privada. “No podemos permitir que el derecho a la salud se convierta en un privilegio condicionado por la capacidad económica”, insiste Fley. En un momento en que la innovación biomédica juega un papel clave en la prevención, dejar fuera de la financiación pública una herramienta tan prometedora como el cabotegravir inyectable no solo es una oportunidad perdida, sino una decisión que puede marcar negativamente el futuro de la respuesta al VIH en nuestro país.
Referencia: Acuerdos de la Comisión Interministerial de precios de los medicamentos. Sesión 255 de 26 de febrero de 2025. Disponible en:https://www.sanidad.gob.es/areas/farmacia/precios/comisionInteministerial/acuerdosNotasInformativas/docs/ACUERDOS_CIPM_255.pdf
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