Un reciente reportaje de Público ha destapado una realidad alarmante: la comunidad LGTBIQ+ en España está siendo criminalizada y hostigada por fuerzas policiales bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, especialmente en contextos vinculados al chemsex —prácticas sexuales bajo el uso de drogas—. Lo que comenzó como operativos antidroga se ha convertido en una herramienta de control que vulnera derechos fundamentales, siembra miedo y refuerza el estigma hacia un colectivo históricamente marginado.
La investigación revela cómo la Policía ha irrumpido en fiestas privadas, saunas y espacios seguros LGTBIQ+, a menudo sin órdenes judiciales ni pruebas sólidas. Estas redadas, justificadas como parte de la lucha contra las drogas, se basan en estereotipos que asocian la homosexualidad o la diversidad de género con la ilegalidad. Testimonios recogidos en el artículo relatan registros corporales invasivos, preguntas humillantes sobre la vida sexual de las personas detenidas y la exposición pública de su orientación o identidad. En algunos casos, incluso se han utilizado conversaciones privadas de aplicaciones como Grindr o fotos íntimas como «pruebas» en procesos judiciales, violando el derecho a la privacidad.
Las consecuencias son devastadoras. Decenas de personas enfrentan multas económicas desorbitadas y penas de cárcel por tenencia de drogas en cantidades mínimas, destinadas al consumo personal. Colectivos como Obertura LGTBI+ denuncian que estas prácticas afectan desproporcionadamente a hombres gais, bisexuales y personas trans, perpetuando la idea de que la comunidad LGTBIQ+ está ligada a la delincuencia. Pero el daño va más allá de lo legal: el clima de terror generado disuade a muchas personas de acceder a servicios esenciales de salud sexual, reducción de daños o programas de prevención de ITS, aumentando riesgos como sobredosis o prácticas inseguras.
Entre los testimonios más impactantes destaca el de David, de 34 años: «Me esposaron frente a mis vecinos. Los agentes me preguntaron si era ‘activo o pasivo’ y se burlaron de mi orientación». Marcos, de 28 años, relata cómo perdió su trabajo y el apoyo familiar tras ser acusado de tráfico de drogas usando sus mensajes de Grindr como prueba. Estas historias no son casos aislados, sino síntomas de un sistema que prioriza la represión sobre la protección.
Ante esta realidad, organizaciones LGTBIQ+ y expertos en salud pública reclaman un cambio de enfoque. SOMOS LGTBI+ Aragón se suma a estas voces para exigir el fin de las redadas arbitrarias, la inversión en programas de educación sexual inclusiva y reducción de daños, y la formación policial en derechos y diversidad. «La lucha contra las drogas no puede ser una excusa para violar derechos. Necesitamos políticas basadas en la empatía, no en la represión», afirma Juan Diego Ramos, presidente de la asociación activista.
La solución pasa por desmontar prejuicios y avanzar hacia un modelo que priorice la salud públicasobre el castigo. Mientras tanto, invitamos a la sociedad a difundir estas denuncias, unirse a campañas por la justicia y contactar con nosotras si han sufrido discriminación. La lucha por la dignidad no puede esperar.
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Asociación SOMOS LGTB+ 
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