FELGTB, Movimiento contra la Intolerancia y Fundación Triángulo nos presentamos como acusación particular junto a la Comisión Unitaria 28 de junio de Cataluña contra miembros del autodenominado «proyecto pilla-pilla», un grupo que preparaba emboscadas a personas LGTBI para humillarlas sometiéndoles a un interrogatorio que colgaban en redes sociales.
Los hechos se remontan al 2013, y hacen referencia a las actuaciones violentas de un grupo de personas de ultraderecha contra personas LGTBI en los meses de noviembre a diciembre de dicho año. Estos ataques, estaban inspirados en las cacerías de homosexuales realizadas en Rusia, secuestrando a personas gais en tiempo real.
El juicio contra los seis supuestos integrantes de la banda comenzará la semana que viene en el juzgado penal número 2 de Granollers (Barcelona), donde enfrentan una petición fiscal de 21 años de cárcel por delitos contra la integridad moral y contra la intimidad.
Tal como ha explicado a Efe Laia Serra, abogada de la Comissió Unitària 28 de Juny, que integran una treintena de entidades de Cataluña, el objetivo de la defensa es «consolidar un frente común y crear una cultura jurídica para hacer entender que el fascismo y los ataques homófobos tienen que tener respuesta», especialmente, ha señalado, en el contexto político actual, en el que «la extrema derecha intenta banalizar agresiones«.
De acuerdo con el fiscal, el acusado Mykola, de nacionalidad ucraniana, creó en noviembre de 2013 un grupo que denominó «proyecto pilla-pilla», una imitación de la banda rusa «Occupy Pedofilya», de clara ideología neonazi que, bajo el pretexto de identificar y neutralizar a pederastas, buscaba perseguir, humillar y vejar a homosexuales.
Los integrantes de «pilla-pilla» actuaron al menos contra tres víctimas, a las que, mediante un engaño previo, humillaron con un interrogatorio vejatorio, que grabaron en vídeo y difundieron por las redes sociales.
Los acusados, en libertad provisional, se hacían pasar por menores de edad para entablar conversaciones por Internet con sus víctimas, con las que después concertaban citas. El día del encuentro, un grupo de entre diez y veinte personas abordaba a la víctima, a la que rodeaban para que no huyera y filmaban mientras la obligaban a responder preguntas sobre su condición sexual, dar su nombre y DNI y reconocer -bajo coacción- que eran unos «pederastas abusadores de niños«.
«Queremos demostrar la gravedad de los hechos para que la judicatura se vuelque ante este ataque contra la dignidad«, ha señalado Serra antes de argumentar que estas presuntas agresiones «rompen valores fundamentales como la igualdad y la libertad«.
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