Rusia declara a un colectivo LGTB de San Petersburgo “agente extranjero” por difundir ideas positivas sobre la homosexualidad

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El acoso a los activistas LGTB rusos por parte de las autoridades de su país no cesa. Ahora le ha tocado el turno a Coming Out, colectivo LGTB de San Petersburgo, que ha sido oficialmente declarada por un juez “agente extranjero”, lo que limita su capacidad legal para dirigirse a los ciudadanos rusos y permite el control estricto de sus actividades por parte del estado. La sentencia considera además que las actividades del grupo “violan los derechos de las personas con orientación sexual tradicional” y que el material que editan es propaganda peligrosa.

Coming Out lleva 15 meses luchando contra las autoridades rusas para evitar la declaración legal de “agente extranjero”, que ni siquiera se basa en pruebas fehacientes de que el colectivo haya recibido financiación de otros países (algo que por otra parte sería perfectamente respetable) sino en motivos de corte ideológico. El tribunal, en este sentido, no atendió a ninguno de los argumentos de la defensa, dando la razón a Ministerio de Justicia y fiscal, según los cuales la simple información positiva sobre homosexualidad y derechos de las personas LGTB debe ser considerada como de origen extranjero y legalmente identificada como tal. “Cualquiera que lea este folleto [en referencia al material informativo sobre los derechos LGTB editado por Coming Out] puede empezar a compartir sus pensamientos con otras personas, promover un grupo y empezar actividades”, razona la jueza responsable de la sentencia para argumentar la “peligrosidad” del grupo.

Ello no supone la ilegalización de Coming Out, pero si limita seriamente su margen de maniobra y sobre todo permite al estado supervisar estrechamente su funcionamiento. Coming Out recurrirá la decisión, aunque cuenta con pocas probabilidades de éxito. La catalogación de grupos de defensa de los derechos humanos en Rusia (y no solo de los de las personas LGTB) como “agentes extranjeros” es de hecho una de las armas que el régimen de Vladimir Putin está utilizando desde hace más de un año para desarmar a la ya de por sí debilitada oposición. Ayer mismo otras cinco organizaciones no LGTB recibían dicha catalogación, según ha denunciado Human Rights Watch.

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